Las viviendas ilegales piden la suspensión de los expedientes sancionadores

La coordinadora de asociaciones vecinales, Coave, y la federación de asociaciones vecinales, Flave, siguen buscando resquicios legales para conseguir que el Ayuntamiento conceda los permisos de luz y agua a las más de cien familias que viven en zonas fuera de planeamiento sin contar con estos servicios mínimos y para que se eliminen los expedientes sancionadores.

Fruto de este trabajo presentarán en breve un informe elaborado por su asesor jurídico, José Miguel Gómez Pedrosa, sobre la posibilidad de autorizar suministros de luz y agua a estas viviendas ilegales, así como de dejar en suspenso los expedientes sancionadores de aquellos inmuebles que podrán legalizarse una vez entre en vigor el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El informe del abogado defiende que es posible, según la normativa vigente, que el Ayuntamiento proceda a la suspensión de los expedientes de demolición, basándose principalmente en «esta legalización futurible así como en la jurisprudencia existente sobre la posibilidad de paralizar estos actos disciplinarios en función del perjuicio que la medida pueda ocasionar».

El informe incide también en las causas que ha llevado a la localidad a este desorden urbanístico. Se centra fundamentalmente en la falta de vivienda que ha existido en El Puerto y en la larga paralización a la que ha estado sometida la localidad que lleva desde 1992 con el mismo Plan General de Ordenación Urbano (PGOU).

El asesor jurídico responsable del documento recalca que la ley permite realizar la revisión parcial del PGOU para permitir que algunos de los diseminados puedan ser regularizados sin tener que esperar a que se apruebe el nuevo plan dentro de, al menos, tres años. Así, compara este procedimiento con el que se va a realizar en el campo de Golf Puerto, tras la modificación de los puntos 1.4 y 1.5 del PGOU vigente que permitirá realizar recalificaciones del suelo, por lo que algunas zonas, como es el caso de este complejo deportivo vinculado a 700 viviendas de lujo, pasarán a ser calificadas como urbanizable.

Además, en el informe se asegura que hay resquicios legales dentro de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que permiten la autorización de suministros de luz y agua a estos inmuebles irregulares incluso en los casos de las viviendas que tienen menos de cuatro años, defendiendo el informe razones de «higiene y salubridad».

Hay que recordar que los vecinos recibieron la semana pasada las condiciones del protocolo que el Ayuntamiento está elaborando para la posible concesión de los servicios mínimos. Un documento que los afectados han considerado «muy duro» y por el que advierten «nadie conseguirá los permisos»,según explicó el presidente de Coave, José Castro.

El documento tendrá que ser analizado por los técnicos de Urbanismo para determinar si es viable o no la propuesta, aunque la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, ya ha adelantado que no dará luz verde a ninguna propuesta que vaya en contra de la ley.