Promesas de regularización

Dice un refrán popular que las promesas se las lleva el viento, y los entendidos en política aseguran que quien promete una ayuda sin conocer si podrá afrontar luego su pago termina metiendo la pata.

Algo así ha ocurrido en torno a la cuantía que deberán pagar los propietarios de las más de 15.000 viviendas irregulares que existen en Chiclana para urbanizar y obtener papeles en el recién iniciado proceso de regularización.

La historia se remonta a un mes antes de las elecciones municipales del pasado 2007; un debate preelectoral, organizado por los ecologistas y al que asistieron los partidos por aquel entonces en la oposición, Partido Andalucista, Izquierda Unida, Partido Popular y Partido Socialista de Andalucía, dejaba al respecto frases históricas y propuestas que los mentideros políticos calificaron como «imposibles de cumplir».

Con críticas al PSOE y al por aquel entonces concejal de Urbanismo, Joaquín Muriano, por no haber aceptado el reto de debatir ante las más de 1.000 personas que acudieron el 20 de abril de 2007 en Bodegas Vélez a dicho encuentro monográfico sobre la regularización, los candidatos de los cuatro partidos, Manuel Guerrero, José Pedro Butrón, Ernesto Marín y Ángeles Polanco, lanzaron a la opinón pública sus promesas.

Aún resuenan en Chiclana las palabras de la que hoy es delegada de Tráfico del cuatripartito, la propia Ángeles Polanco (PSA), que prometió la «gratuidad total» en los costes de la legalización para los propietarios de casas al margen del planeamiento si llegaba al gobieno, o las previsiones del PP, en boca de su entonces alcaldable, Ernesto Marín (que hoy es el alcalde), que prometía que los dueños de ilegales sólo pagarían un tercio de la cuota de urbanización, mientras que las otras dos partes las sufragaría la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento con fondos propios.

Estas prouestas electorales, que en algunos casos se incluyeron en los programas oficiales de las respectivas formaciones políticas, han quedado en meros brindis al sol. En aquel debate sobre urbanismo también participó IU y su candidato, José Pedro Butrón, actual concejal de Urbanismo de Chiclana, que curiosamente fue el más moderado al respecto del pago que tendrían que afrontar los propietarios, y que aseguró en campaña que trabajaría «para que la regularización cueste lo menos posible a los chiclaneros».

A día de hoy el discurso de estos cuatro representantes políticos que sellaron el pacto cuatripartito de gobierno en Chiclana tras las elecciones municipales del 25 de mayo es bien distinto.

El propio Butrón reconocía recientemente que «aunque no guste, hay que ser claros y decirle a la gente lo que costará legalizar sus casas», cifras que por cierto aún se desconocen con exactitud, pero que en el mejor de los casos superarán los 30 euros por m2, costes de trámites administrativos y licencias aparte.

Desde la actual oposición del PSOE, que en aquel ya lejano 20 de abril de 2007 ostentaba el gobierno con José María Román, se critica hoy que «todo lo que se dijo entonces eran sólo falsas promesas y mentiras que el tiempo destapó». Y es que la regularización es un proceso «caro y complejo» como reconoce Urbanismo, que deberá ser además punto de inflexión en la historia local.

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