La Junta amplía la protección del parque del Cabo de Gata para evitar edificaciones

La Junta de Andalucía «blinda» el parque natural Cabo de Gata-Níjar ante posibles actuaciones urbanísticas. Los nuevos planes de uso y gestión y de ordenación de los recursos naturales de esta Reserva de la Biosfera, aprobados ayer por el Consejo de Gobierno, convierten el 87, 1 por ciento de las 49.500 hectáreas del parque en áreas de reserva o máxima protección -tipificadas como Zonas A- o de protección notable -Zonas B-.

Una decisión con dos consecuencias a corto plazo. Impide, por un lado, la construcción de las urbanizaciones previstas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Níjar en los parajes conocidos como La Fabriquilla y la Marina del Aguamarga.

Dos terrenos que pasan de ser considerados urbanizables -conforme al plan del parque vigente desde 1994- a Zonas B.

Fuensanta Coves, consejera de Medio Ambiente, explicó que los ayuntamientos de Níjar y Carboneras tendrán que adecuar su planeamiento -actualmente en proceso de revisión- a esta nueva exigencia ambiental, imprescindible para la aprobación final de los nuevos PGOU.

Este anuncio coincidió ayer con la comunicación de la sentencia del Tribunal Supremo que anula parcialmente la decisión que adoptó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2003 por la que daba como válida la ejecución de la macro-urbanización Marinas de Aguamarga.

«No habrá hotel»

La segunda consecuencia derivada de esta restricción ambiental afecta al Algarrobico. Y es que ahora, aún en el hipotético caso en el que la justicia le diera la razón a la empresa Azata -propietaria del hotel-, este establecimiento nunca podría abrirse.

El terreno, a pie de playa, tenía la consideración de urbanizable en el plan de 1994 - que ahora se deroga-. En el aprobado ayer, sin embargo, se incluye en las Zonas C. «Parcelas degradas por la acción del hombre y que son un objetivo prioritario de la Junta para su regeneración», avanzó Coves. La Junta entiende que a Azata sólo le queda la vía del acuerdo económico. Las negociaciones continúan, pero las posturas no se acercan. El Ministerio de Medio Ambiente ofrece en el justiprecio entre 40 y 50 millones de euros, mientras que los propietarios de Azata quieren 200. Una cantidad que Coves califica de «desorbitada».

La Junta también aprobó ayer el plan rector de uso y gestión del parque. El documento recoge un amplio conjunto de medidas para mejorar durante los próximos ocho años la ordenación de los aprovechamientos y las iniciativas de protección. Los principales objetivos se centran en evitar la pérdida de suelo; frenar la desertificación; potenciar el valor de los recursos geoculturales; promover la educación ambiental y la investigación; fomentar prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles y recuperar la fauna esteparia y acuática.