La construcción de viviendas sociales en La Ermita arrancará en primavera

La Junta de Andalucía iniciará la construcción del complejo de 190 Viviendas de Protección Oficial (VPO) sobre los terrenos de la Ermita de Santa Clara durante la próxima primavera. De hecho, éste ha sido el plazo confirmado por la Delegación provincial de Obras Públicas.

Sin embargo, para comenzar las obras de este vasto complejo, la administración regional tendrá que sortear varios escollos e iniciar una carrera contrarreloj para poder cumplir los plazos. Junta y Ayuntamiento deben ejecutar las expropiaciones que aún quedan pendientes en el Plan de Reforma Interior (PERI) de la Ermita de Santa Clara. Varios propietarios no están de acuerdo con el acuerdo y demandan más dinero en compensación por las expropiaciones. Las dos administraciones se reunirán esta semana con los dueños para intentar cerrar un acuerdo.

Por su parte, el equipo de Gobierno está ultimando el estudio de detalle que el Área de Urbanismo está realizando sobre este plan de reforma interior. Fuentes municipales han comunicado que «estamos haciendo todo lo posible para acelerar el proceso, pero no podemos dar una fecha exacta».

No es el único problema que existe. El Gobierno local también ha hecho llegar a la Delegación provincial de Medio Ambiente un informe para desafectar la cañada que pasa por esta zona. Medio Ambiente tiene un plazo de treinta días para contestar si están de acuerdo con esta desafectación.

De las 190 viviendas de protección oficial, alrededor de una treintena se usarán para reubicar a los residentes de la barriada José Antonio, zona que también es propiedad de la Junta y que se tiene previsto demoler una vez se hayan reubicado a los vecinos.

La portavoz de esta barriada, Rafaela Fernández, considera con ironía que «cuando se terminen las viviendas, no va a hacer falta realojar a nadie, ya que los vecinos habrán fallecido». De hecho, la avanzada edad de los residentes provoca que muchos no vayan a ver este proyecto terminado. El último año murieron tres ancianos que esperaban este realojo.

De las 160 viviendas restantes, sesenta pasarán a propiedad municipal y cien serán gestionadas por la Junta de Andalucía, que venderán los pisos a familias con escasos recursos económicos.

Sin embargo, Rafaela Fernández ha exigido que «se investigue las familias que van a optar a estas viviendas para que no se convierta en otro gueto como José Antonio».

Por ello, el Foro Social portuense ha propuesto que se realicen comisiones de seguimiento para comprobar el correcto uso y disfrute de las viviendas sociales. «En caso de que hagan un mal uso, se les debe retirar la vivienda de forma inmediata».