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Irak: primero en disparar

El 16 de septiembre, empleados de la compañía Blackwater dispararon sobre todo lo que se movía en una calle de Bagdad y mataron a 17 civiles, lo que hizo decir a un conmovido e irritado Nuri al-Maliki que la empresa sería expulsada de Iraq. Pero todo indica que las palabras del primer ministro iraquí no harán el prodigio: el gobierno estadounidense ha dado la vuelta a la situación, dado el pésame, creado un comité de seguimiento que controlará a los guerreros particulares (hay otras varias compañías), buscado algún dinero para indemnizaciones si ha lugar y punto.

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El peso de esta conversión lo ha llevado Condoleezza Rice porque los contratos con las empresas privadas de seguridad los firma el Departamento de Estado, que pretende así proteger a sus funcionarios, pero, curiosamente, también al mando militar. El propio general Petraeus, las pocas veces que se deja ver en público, va rodeado de una cohorte de soldados/civiles.

El escándalo y la cólera oficial y popular fueron percibidos en Washington como una grave amenaza política y Condoleezza Rice tomó directamente el asunto en sus manos, pero desde la perspectiva de impedir la expulsión de la compañía, pedida por algunos congresistas. Formó un equipo para hacerle recomendaciones, aplazó toda decisión final sobre las muertes de septiembre hasta que los agentes del FBI enviados hasta Bagdad presenten sus conclusiones y recordó que Blackwater tiene contrato con su Departamento hasta el mes de mayo.

Simultáneamente se está produciendo un rosario de incidentes en operaciones militares en las que mueren muchos civiles a manos de la Coalición (de hecho de los helicópteros y aviones norteamericanos) que el gobierno Maliki solo puede deplorar tras pedir que no se recurra a un exceso de fuerza. Disparar primero y rápido y después ver qué ha sucedido y ordenar la rutinaria investigación. Tal es la tónica del combate físico contra la insurgencia y los terroristas.