Treinta mil personas viven de recoger chatarra en la calle

Donde usted ve solo una basura los recogedores de chatarra calculan un dinero. De una placa de ordenador se puede sacar hasta oro, plomo de una batería estropeada de un coche y del aceite usado de freír biodiesel. Pero si no se tratan de forma industrial estos residuos no podrán generar nunca riqueza, ni empleo y se convertirán en contaminantes muy difíciles de destruir.

La última encuesta que se hizo en Andalucía sobre el número de particulares que tenían en la recogida de chatarra su única fuente de ingresos fue realizada por Agresur, la Asociación de Gestores de Residuos del Sur. Es de hace menos de tres años y señala que treinta mil buscadores de chatarra viven de esto en Andalucía.

Una familia que se dedique a la recogida de residuos puede ganar entre cien y 150 euros al día. Muchas se han salvado de visitar los comedores sociales gracias a tirar de un carrito cargado de cachivaches. Sólo en 2011 se gestionaron 236.000 toneladas de material y las empresas asociadas facturaron en torno a los 150 millones. En toda España, unos tres mil millones de euros.

Pero el negocio de la chatarra no pasa por su mejor momento. Es más, muchos empresarios ya no la ven tan rentable y cierran. La recuperación de materias primas secundarias, tanto férricas como no férricas, cada vez deja menos beneficios. Con la crisis económica, los países emergentes, y sobre todo China y la India, que antes eran demandantes de estos materiales, ahora se han convertido en exportadores bajando los precios. Rubén Barreno, presidente de Agresur, aparejador, 38 años, es la antítesis de la imagen que puede dar un profesional de la chatarra y tiene las ideas muy claras: «China, la misma que antes de la crisis demandaba tal cantidad de hierro que no había suficiente en toda Europa, ahora ha tirado los precios poniendo en el mercado todos sus excedentes, de los 30 céntimos por kilo que se pagaba en 2008 a los ocho de ahora». «Por debajo de ese precio ya ni siquiera es rentable recogerlo, habida cuenta de que en el proceso de transformación hay que pagar los costes de transporte», señala.

Para Rubén Barreno los 30.000 particulares que recogen la chatarra de las calles son el primer eslabón de la cadena del negocio. «Si con la nueva ley de residuos que dice que las chatarras que se encuentran abandonadas en las calles son propiedad del Ayuntamiento, no solamente ponemos en riesgo su medio de vida, sino el de los chamarileros de barrio, que a su vez nos suministran a nosotros, las pymes, y de aquí a las grandes empresas de transformación». «Las minas de materiales férricos y no férricos no están hoy en día bajo tierra, sino en la superficie, son las dos erres, recuperar y reciclar, si queremos preservar el medio ambiente y no convertir el planeta en un basurero gigante», afirma este joven empresario.

Un carné con foto y DNI

«Nosotros somos conscientes de la mala imagen que tenemos y pusimos en marcha un plan para regularizar y controlar a los recogedores de chatarra, Recogesur», continua Barreno. «Se trataba de dar un carné que identificara a cada uno de ellos con su foto, su DNI o NIE en caso de extranjeros, unos cursos básicos de reciclaje y dividir la responsabilidad. La penal, si incurrían en delito por hurto era de ellos y quedaban expulsados, así como la medioambiental, por ejemplo, ensuciar la calle rebuscando en un contenedor. Por el contrario, la civil sería de esta ONG, en temas como un pequeño accidente con un coche. Esto no es nuevo. Ya en época de Franco existía la figura regularizada del chamarilero».

La Junta de Andalucía reconoce actualmente tres títulos para los chatarreros de la primera escala: recogedor, negociante y agente, este último no puede almacenar. El problema es que la gran mayoría de los particulares no pueden pagarse la cuota mínima de autónomo de casi trescientos euros, entre otras cosas, porque les cierran las puertas de otras ayudas, o simplemente porque se encuentran en una situación irregular. «Pero la crisis ha dejado aparcado este proyecto social de Recogesur», explica desde la patronal de residuos. «Hemos perdido más de un 40 por ciento de negocio. La construcción demandaba mucho hierro y el sector automovilitico también. Se están cerrando industrias y lo que es más peligroso, este negocio que es muy ágil, pagamos al contado al proveedor y cobramos como muy tarde en una semana, se irá al traste si como ocurre en algunas zonas de Francia para retirar la chatarra hay que pagar porque ya no es rentable comprarla», advierte Rubén Barreno.

Hablar de la chatarra es hacerlo del robo de cobre y del daño social que esto provoca. Desde Agresur no ocultan el tema, al revés, lo exponen, porque ellos son también víctimas de los ladrones. Sus chatarrerías son asaltadas por bandas organizadas de criminales para llevárse el material valioso en grandes cantidades al extranjero. «Son mafias de kosovares o caucasianos, dan un golpe, lo meten en un contenedor y lo sacan fuera, por carretera o por el puerto de Sevilla. Suponen el 30% aproximado del robo y sus objetivos son las catenarias del tren, grandes plantas solares y las líneas de electricidad. El 60 por ciento restante son ladrones medianos que buscan rollos de cobre que luego venden en naves clandestinas e incluso pisos camuflados en los que la Policía no puede entrar sin orden judicial. Puede haber connivencia en algunos casos con los anteriores. El resto, un 10 por ciento, son de los que empujan el carrito», concluye.

Que el negocio de la chatarra es muy variable lo demuestra el hecho de que existe hasta un índice de referencia internacional. Es la Bolsa de los Metales en Londres. Barreno nos hace un pequeño resumen. El hierro ha caído en picado.El cobre también, pero en menor proporción, de ocho euros antes de la crisis a aproximadamente 5,50 el kilo. El aluminio está siendo sustituido por los PVC en construcción, con lo cual también vale menos. Sin embargo, el titanio cada vez se emplea más en la industria aeronáutica y el material del futuro inmediato será el que vaya sustituyendo a los férricos, en este caso los plásticos «inteligentes» o polietilenos, con los que se hacen las tuberías de saneamiento o los tapones de plástico de las bebidas refrescantes. Por este material tan contaminante y caro de fabricar se está pagando entre 150 y 200 euros la tonelada.