Un ex jefe de servicio de Formación declara que las empresas justificaron casi el 100% de las ayudas

El ex jefe de servicio de Formación de la delegación provincial de Sevilla Daniel Fito ha declarado este martes como investigado ante la juez María Núñez Bolaños, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, y ha señalado que las empresas que recibieron las subvenciones investigadas justificaron «casi» el 100 por cien de las ayudas.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que, en su comparecencia ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Daniel Fito ha señalado que las empresas justificaron prácticamente el 100 por cien de las subvenciones, por lo que el problema estaría en la comprobación que debía llevar a cabo la propia Administración.

En este sentido, ha precisado que, cuando se incorporó a su puesto de jefe de servicio en el año 2011, todavía se estaba comprobando la justificación de ayudas concedidas dos años antes, concretamente en 2009, y en este punto ha añadido que la Ley andaluza no prohíbe conceder nuevas subvenciones si no se han justificado las anteriores, sino pagar nuevas subvenciones cuando las anteriores no se han justificado.

En su declaración, y según las fuentes consultadas, el ex jefe de servicio ha explicado que la Administración dictó las denominadas órdenes de exceptuación debido al volumen de expedientes sin justificar y como solución ante el retraso en la comprobación de la justificación de las ayudas.

La juez Núñez ha tomado declaración al funcionario después de que éste lo solicitara de manera voluntaria.

Cabe recordar que, en un auto dictado en mayo de 2015, la juez Mercedes Alaya imputó en la causa a diez jefes de servicio de Formación de las ocho delegaciones provinciales de Andalucía, entre ellos el propio Daniel Fito, y a una jefa de servicio de la Dirección General de Formación, María Carril.

Los diez jefes de servicio de las delegaciones provinciales comparecieron en junio de 2015 ante la juez Alaya, aunque ocho de ellos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.