ALMERÍA
El PP pide la destitución del exalcalde de Carboneras en el Grupo de Acción Pesquero tras ser inhabilitado
Sostiene que Cristóbal Fernández «ensucia» la imagen del sector y que su puesto como gerente es clave para la gestión del dinero que proviene de fondos públicos
El PP ha exigido este miércoles a la alcaldesa de Garrucha, María López, que destituya en el cargo de gerente de la Asociación para el Desarrollo Pesquero de la Costa de Almería que ella preside al ex alcalde socialista de Carboneras Cristóbal Fernández , condenado en primera instancia a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación.
En un comunicado, los concejales del PP en Garrucha y en Carboneras que suscriben la petición señalan que la continuidad de Fernández en la Gerecia del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero supone un «grave perjuicio para la imagen» de la industria pesquera e instan a López ( PSOE ) «a actuar con determinación».
«No puede ensuciar la imagen de un sector muy importante para el pueblo de Garrucha», remarcan para añadir que el puesto que actualmente ocupa Fernández «es clave para la gestión del dinero que proviene de fondos públicos».
En esta línea, sostienen que, si no lo destituye «estaría incurriendo en un delito por no cumplir la ley ya que actualmente Cristóbal Fernández está inhabilitado para empleo o cargo público y las funciones que está desempeñando a día de hoy son públicas».
«Este caso es una muestra más de la corrupción del PSOE en la provincia de Almería, un partido al que se le llena de boca al hablar de honestidad pero que poco a poco va teniendo a parte de sus dirigentes investigados, en espera de juicio o condenados como es el caso de Cristóbal Fernández», concluyen desde el PP.
Según considera probado el Juzgado de lo Penal 1, el exregidor adjudicó «de forma directa» la obra para sustituir el alumbrado público del paseo marítimo por casi 500.000 euros y que, pese a que se debía ejecutar el propio ayuntamiento, subcontrató con dos mercantiles.
Subraya que Fernández hizo «prevalecer su propia voluntad» sobre los «intereses generales» del ente local y «los particulares de posibles interesados, y favoreció» a las dos mercantiles , «que obtuvieron importantes beneficios como consecuencia» de un comportamiento acreditado como delito de prevaricación administrativa y que se remonta a septiembre de 2008.
