La periodista asesinada en Burgos iba a acudir esta semana a anular las visitas paternas para su hija

Yolanda Pascual Expósito, de 50 años, iba a acudir esta misma semana al juzgado para solicitar la retirada de las visitas paternas concedidas al padre de su hija, de 17 años. Ignacio G.G. la acuchilló presuntamente hasta la muerte anoche, miércoles, cuando ésta regresaba a casa y él la aguardaba en el aparcamiento. Se habían separado hacía cuatro años, y desde entonces, Ignacio, de 62 años, la acosaba siempre presuntamente hasta el punto de que ella se quejaba a sus compañeros de profesión de que había tenido una separación traumática y que sufría violencia psicológica de su exmarido, el mismo que anoche se entregó a la Policía de Burgos y confesó haber asesinado a la madre de su hija .

Según el director del medio para el que trabajaba Yolanda desde hacía 13 años, «El Correo de Burgos-El Mundo», Ricardo García Ureta, la razón por la que ella nunca denunció a su expareja, pese a sus lamentos, es porque el maltrato físico nunca se dio. «No era un maltrato tan visible, sino uno más silencioso y menos evidente», ha asumido hoy el jefe de Yolanda, hasta anoche.

Hoy, en el marco del VI Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que ha congregado a jueces, fiscales, policías y agentes de seguridad, psicólogos y expertos en la lucha contra esta lacra en el Antiguo Salón de Sesiones del Senado, la condena por la muerte número 37 de una mujer a manos de su pareja o expareja en lo que llevamos de año ha sido unánime. 37 mujeres y 25 niños huérfanos, ha subrayado la secretaria de Estado de Servicios Sociales Igualdad, Susana Camarero, en el acto, incluyendo a la hija de 17 años de Yolanda e Ignacio.

Según las últimas cifras de su departamento, de las 36 mujeres que habían fallecido víctimas de la violencia de género a 31 de octubre de 2016, 15 habían presentado denuncia, mientras que seis renunciaron a continuar con el proceso. Otros siete casos permanecen en investigación.

En la violencia de género, no hay diferencias partidistas. De hecho, a la enérgica repulsa se ha sumado la responsable del área de Igualdad y Movimientos Sociales de la Comisión Gestora del PSOE, Soraya Vega, quien ha reclamado un gran pacto social, institucional y político para acabar con esta lacra.

Un Pacto de Estado, el «pacto de la legislatura»

El Pacto de Estado contra la violencia de género es uno de los compromisos rubricados por todas las autoridades políticas y judiciales presentes en el Congreso, que se celebra periódicamente desde 2003, y que se prolongará durante el día de hoy jueves y mañana clausurará con las conclusiones del mismo la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, María Ángeles Carmona. Camarero ha aludido a ese pacto como el «gran pacto pendiente de la próxima legislatura» que comienza.

El Congreso ha contado hoy con la apertura por parte del presidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero, y por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

Tanto Lesmes como Carmona han abundado en la necesidad de romper el «silencio cómplice» que envuelve a los maltratadores y en la necesidad de profundizar en las reformas legales para proteger mejor a los menores. Preocupa el repunte en las cifras de los casos de violencia de género entre los adolescentes, sobre todo el «cibercontrol» que patentan a través de las nuevas tecnologías con sus parejas, una forma de «violencia de género de la que muchas niñas ni siquiera son conscientes», han subrayado los jueces presentes en el Congreso.

Lesmes ha pedidoprestar «especial atención» a este fenómenoque se observa desde la judicatura con incertidumbre. El presidente del Poder Judicial ha apostado por «utilizar sus propias armas: las nuevas tecnologías, las redes sociales, en donde con tanta soltura se mueven los jóvenes y que podemos aprovechar para entrar en sus conciencias, haciendo divulgación del rechazo social que debe producir la violencia de género».