El Pacto Contra la Violencia de Género entra en su recta final en el Congreso

El Pacto contra la Violencia de Género entra hoy en su recta final en el Congreso de los Diputados. Después de cinco meses de comparecencias, la Subcomisión que se constituyó en el seno de la Comisión de Igauldad, integrada por todos los grupos políticos, intentará consensuar, entre hoy y mañana, un documento de propuestas.

Los partidos tomarán como base las 600 propuestas que todos los comparececientes han puesto sobre la mesa, sobre las que podría haber consenso en al menos diez de ellas, como ya adelantó ABC en su edición del pasado martes.

Los puntos en los que coinciden PP y PSOE van desde ampliar el concepto de violencia de género, como marca el Convenio de Estambul, hasta eliminar el «derecho de dispensa» para que las víctimas no puedan arrepentirse de su declaración inicial o ampliar la orden de alejamiento de los hijos y evitar que los padres lleguen a matarlos, como sucedió en Córdoba en el caso Bretón.

Una vez que se haya alcanzado el acuerdo sobre las medidas a adoptar, el documento será aprobado el próximo 16 de junio. El texto se elevará al Gobierno para que lo aplique. Con total seguridad, el Ejecutivo estará obligado a modificar la Ley de Violencia de Género e incluso a redactar otras nuevas iniciativas legislativas.

Observatorio Estatal

El Gobierno no solo trabajará con el documento que le remita el Congreso, sino que también cuenta con otras 600 propuestas del Observatorio Estatal de la Violencia de Género y de las aportaciones de la Ponencia creada en el Senado.

Las aportaciones de esta observatorio se clasifican en siete ejes: coordinación y trabajo en red, atención y protección de las víctima, prevención y sensibilización, formación, mejora del conocimiento, propuestas normativas y dotación presupuestaria.

Los trabajos del Ejecutivo comenzaron ayer a «hilvanarse» en una reunión interministerial en la que participaron los titulares de Sanidad, Dolors Montserrat; Interior, Juan Ignacio Zoido; Justicia, Rafael Catalá; y Educación, Íñigo Méndez de Vigo.

La ministra de Sanidad aseguró que el Gobierno espera que el acuerdo se pueda aplicar a lo largo del año, y garantizó el consenso como condición para llevarlo a cabo.