El Congreso quiere que las denuncias por maltrato no puedan retirarse

La Subcomisión del Congreso de los Diputados, constituida en el seno de la Comisión de Igualdad, tiene previsto finalizar esta semana sus trabajos, con la elaboración de un documento consensuado que recoja las propuestas de los grupos parlamentarios. Unas propuestas que debe asumir el Gobierno, ya que el presidente Mariano Rajoy se comprometió a ello en su discurso de investidura. Su promesa fue alcazar un «gran pacto» que «nos involucre a todos», y a ello han dedicado los esfuerzos todos los partidos, desde que el 15 de febrero comenzaron las comparecencias en esta Subcomisión.

El germen de este pacto fue la proposición no de ley, apoyada por todo el Congreso, que se aprobó el 15 de noviembre de 2016.

En este texto se comprometían a reformar la Ley de Violencia de Género, aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2014, así como llevar a cabo los cambios legislativos que fueran necesarios.

Durante estos casi cuatro meses de trabajo, los grupos mayoritarios, PP y PSOE, han encontrado el consenso en al menos diez medidas que, si son aprobadas, se llevarán a la práctica con casi total seguridad. Una de ellas es la eliminación del denominado «derecho de dispensa» para los casos de malos tratos, el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El objetivo es que las mujeres no puedan retractarse de su declaración inicial contra el maltratador. También hay unanimidad en ampliar el concepto de violencia de género o extender la orden de alejamiento a los menores, según han señalado a ABC las portavoces del PP y PSOE, Marta González y Ángeles Álvarez, respectivamente.

Todas estas medidas forman parte de un documento de 600 propuestas, al que ha tenido acceso ABC, y que se debatirá este jueves y viernes. Los partidos se han marcado como objetivo tener a final de semana este texto para remitir al Gobierno.

Estas son las diez medidas sobre las que puede haber consenso:

Ampliar el concepto de violencia de género. Tanto PP como PSOE y Ciudadanos están de acuerdo en tratar como violencia de género los matrimonios forzosos o el acoso en las redes, aunque no tienen claro la fórmula. Bien se puede hacer modificando la ley actual o redactando una norma de trata de personas con fines de explotación sexual, como apunta el PSOE. Ciudadanos apuesta más por cambiar la ley.

Eliminar el derecho de dispensa. Una gran parte de las acusaciones contra los maltratadores se retiran cuando llega el juicio y terminan sin condena, porque la víctima se acoge a la dispensa del deber de declarar y cambia su declaración. PP y PSOE quieren eliminar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la víctima no pueda acogerse. La portavoz socialista, Ángeles Álvarez, señala que «hay que ver cómo se hace para que no colisione con principios fundamentales».

Suprimir el atenuante de confesión. Un maltratador sabe que si confiesa rápidamente su crimen se le aplica el atenuante de confesión, que figura en el Código Penal. Los grupos mayoritarios quieren eliminar este atenuante del Código Penal y así impedir que la Justicia le beneficie.

Orden de alejamiento para menores. El Partido Popular apunta que también podría haber un alto nivel de acuerdo en la decisión de extender a los menores la orden de alojamiento que el juez dicte contra el padre. Se dan casos de que el juez dicta una orden solo para la madre, y cuando el padre se queda con los niños, los mata, como así sucedió en Córdoba con José Bretón, y en otros muchos casos.

Más formación para jueces, médicos, psicólogos... La necesidad de reforzar la formación de todos los actores implicados en los casos de violencia de género también ha sido puesta de manifiesto en las diversas comparecencias que se han llevado a cabo ante la Subcomisión. Los partidos mayoritarios la asumen como un elemento fundamental del pacto. Incluso no descartan que se pueda impartir alguna asignatura sobre esta materia en los centros escolares.

Eliminar el agravante de género. En la Ley Orgánica de Violencia de Género existe el agravante de género para condenar al maltratador. «Se ha dado el caso en que algunos pronunciamientos judiciales aseguran que no hubo intención de someter a la mujer y consideran la agresión como violencia doméstica y no de género», señala la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Marta González. Esta formación política señala que hay que eliminar este agravante porque en algunos casos son «apreciaciones subjetivas del juez sobre si existe, o no, violencia de género». Otros grupos también comparten esta consideración.

Eliminar el derecho de información. Los hijos de mujeres maltratadas, en algunos casos, tienen que recibir asistencia psicológica. Este tratamiento tiene que ser autorizado por el padre maltratador, según el artículo 156 del Código Civil. Con este pacto se pretende que se elimine esta autorización. La portavoz socialista señala cómo «se han producido denuncias de los padres contra psicólogos porque entienden que sus hijos reciben el tratamiento sin permiso».

Tipificar el delito de suplantación en la red. Los populares tienen la intención de plantear que se tipifique en el Código Penal el delito de suplantación en la red. Ello es así por que se ha detectado que los maltratadores, al conocer las claves de sus parejas en las redes sociales, envían mensajes que en muchos casos se consideran ofensivos, suplantando su personalidad. Incluso contestan su correo electrónico. A día de hoy este delito no existe en la legislación. Los populares creen que la mayoría de grupos parlamentarios podría aceptar incorporar esta medida al documento final, que está previsto cerrar el próximo viernes y enviarlo al Gobierno para su aplicación.

Equipos especializados en la Policía . Cuando se interpone una denuncia por violencia de género, la Policía Nacional somete a la víctima a un cuestionario tomando como base el programa Viogen, y hacen una valoración del riesgo. En función de ello, deciden las medidas de protección a adoptar. Pero los policías se quejan se que ellos no son sicólogos y de que el juez debería tener otros informes. Por ello, los expertos consideran que en los Juzgados de Violencia de Género debe haber un equipo específico para hacer esos informes desde un punto de vista más profesional. En el pacto que se firme se podría recoger esta petición, sobre la que puede haber, de entrada, un consenso.

Endurecer el proxenetismo. El artículo 187 del Código Penal castiga el delito de proxenetismo. Sin embargo, el Partido Popular considera que lo hace de una manera muy laxa y que es «necesario castigarlo con mayor dureza». La mayoría respaldaría esta propuesta.