Ossorio, en una imagen de archivo
Ossorio, en una imagen de archivo - JAIME GARCÍA

El Gobierno de Cifuentes asume que tendrá que prorrogar los presupuestos

Así lo ha confirmado el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, quien ha argumentado que ya «no da tiempo material» a aprobar las cuentas antes del 1 de enero

Madrid Actualizado: Guardar
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El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha dado hoy por hecho que el Gobierno regional de Cristina Cifuentes tendrá que prorrogar los presupuestos para 2017, ya que «no da tiempo material» a aprobar unas nuevas cuentas antes del 1 de enero con «todas las garantías jurídicas».

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Ossorio ha dicho que «todavía está por ver» si la Comunidad de Madrid podrá aprobar o no unos nuevos presupuestos para 2017, aunque considera que con los plazos establecidos «no daría tiempo».

Borrador antes del día 31

El Gobierno regional tendría que entregar el borrador en el Gobierno regional el 31 de octubre en la Asamblea de Madrid.

Sin embargo, el portavoz del PP ha señalado que la modificación de la Ley de estabilidad presupuestaria, necesaria para poder elaborar las cuentas regionales, saldrá adelante «el 24 o 25 de noviembre».

A continuación, ha comentado que el Gobierno nacional tiene que llevar al Congreso de los Diputados y al Senado los objetivos de deuda y de déficit para su aprobación, que calcula que tendrá lugar «a mediados o principios de diciembre»

Garrido lo deja en el aire

El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha afirmado este martes que aún no saben «con seguridad» si se prorrogarán los presupuestos de 2016 o se podrán realizar unos nuevos para el próximo ejercicio.

Así lo ha dicho en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno preguntado por si habrá nuevas cuentas públicas o se prorrogarán las de 2016. «No sabemos con seguridad si va a haber una prórroga o no», ha afirmado.

Garrido ha recordado que está pendiente que el Congreso apruebe un cambio en la ley de Estabilidad Presupuestaria para que el Gobierno en funciones pueda aprobar unos mínimos para que las comunidades puedan elaborar sus cuentas.

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