«Vigo está considerado un puerto a evitar por sus costes y problemas»

El conflicto de la estiba es el golpe de gracia para los usuarios del puerto de Vigo que llevan meses lidiando con los problemas generados en el PIF (Puesto de Inspección Fronteriza) de Guixar. Trabas administrativas a las que responsabilizan de la caída en 42.667 toneladas de la mercancía de pesca congelada en 2016. El tráfico de perecederos se está resintiendo y, tal y como ayer aseguraba Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), «los tráficos que se pierden no se recuperan». En este sentido, censuraron que haya 21 contenedores retenidos de una empresa China, cuya mercancía calcularon en unos 2 millones de euros, por un «exceso de celo administrativo en el cumplimiento de las normas», «exclusivamente de documentación», matizaron.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede de Conxemar, la Federación de Usuarios del Puerto de Vigo irrumpió en el debate abierto por la liberalización del sector de la estiba reclamando el «inmediato cumplimiento» de la sentencia europea. En un comunicado que suscriben, además de ARVI y Conxemar, varias asociaciones, y que se leyó durante el acto, incidieron en la necesidad de que los operadores portuarios «ajusten su funcionamiento a las reglas de competencia marcadas desde nuestro entorno comunitario, incluyendo las resoluciones emanadas desde el TJEU, en particular, en un asunto de tan fundamental importancia como es la estiba».

En este sentido, el presidente de Conxemar, José Luis Freire, indicó que «un monopolio por definición es ineficaz» y recordó que si en el sector de la estiba, en el caso concreto de Vigo, son 110 los trabajadores afectados, «son miles los puestos de trabajo que están en juego en las industrias». Con todo, hizo suya la petición de Bruselas de que la reforma prime la competitividad, pero también la protección a los trabajadores.

En una actuación «proactiva», pues entienden que el sector privado debe participar con su propia voz, el objetivo que persiguen es lograr que «Vigo cuente con un puerto que esté al servicio de los ciudadanos, ayudando a las empresas a que resulten más competitivas». «Únicamente exigimos igualdad de trato», apuntó Touza, quien indicó que «Vigo es un puerto caro, lento y con problemas». Una afirmación que dio pie a Freire a señalar que «está considerado como uno de los puertos a evitar por muchas empresas», en clara referencia a las trabas burocráticas y a los altos costes respecto a las terminales de su entorno.

Leixoes, el gran beneficiado

En este contexto, enfatizaron la necesidad de que la gestión burocrática —en particular la existencia de una Ventanilla Única— y los servicios de inspección fronteriza, desarrollados por el PIF, «se ajusten a los estándares de nuestros puertos vecinos». Entienden así que «siendo parte de una unión aduanera europea, carece de sentido que algunos de los criterios utilizados para autorizar una importación de una mercancía en Vigo diverjan de los de un puerto tan próximo como Leixoes (Oporto)». Precisamente, la terminal lusa es la gran beneficiada de la problemática que se encuentran las empresas en el puerto olívico. «Cada día vemos como aumenta la cantidad de mercancías que, con destino a Vigo, es desviada a Oporto», lamentaron.