Competencia investiga a empresas y sindicatos por pactos en la estiba

El polémico «Convenio SEED», que rige al sector de la estiba en Vigo y que, lejos de tener consideración legal de convenio colectivo, es una suerte de pacto extraestatutario, está ahora en el punto de mira de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El «superregulador» anunciaba ayer la apertura de un expediente sancionador contra sindicatos y empresas que operan en la terminal olívica por, según informó, poner en práctica hace veinte años un acuerdo para la regulación de las relaciones laborales «cuyos ámbitos personal y funcional de aplicación desbordarían el ámbito propio reservado a las labores de estiba portuaria».

Investigará así a empresas y sindicatos, concretamente a UGT, CCOO, CIG, Líneas Marítimas Españolas, Bergé Marítima, Estibadora Gallega, Terminales Marítimas de Vigo y Pérez Torres Marítima, por posibles prácticas anticompetitivas.

Ayer, las centrales sindicales reaccionaron a la decisión tachando de «incendiario» el expediente.

Las conductas analizadas tienen su origen en la información remitida a la CNMC por parte de la Autoridad Portuaria de Vigo y suponen su irrupción en el conflicto que enfrenta al sector de la estiba y el Ministerio de Fomento, después de la propuesta de reforma de la cartera ministerial.

Actuaciones previas

Las actuaciones de la Autoridad Portuaria local se remontan al mes de julio, cuando el consejo de administración del puerto de Vigo identificaba un subterfugio legal que le permitió autorizar a Bergé Marítima –unas de las empresas ahora investigadas por Competencia– a embarcar y desembarcar coches en una terminal de Bouzas, puesto que el tráfico de vehículos sin matricular queda fuera del ámbito competencial de la sociedad de estiba (Sagep). A los pocos días, en un paso más, el presidente del puerto, Enrique López Veiga, anunciaba la apertura de un expediente informativo que en octubre tomaba forma de apercibimiento con la amenaza de denunciar ante la CNMC el monopolio ejercido por el sector en suelo portuario.

Se instaba así al colectivo a «cesar de inmediato» el «Convenio-SEED», no ajustado a la regulación española por cuanto extralimita su ámbito de actuación al extender sus servicios portuarios, además de los meramente de estiba y desestiba, a otros complementarios. El llamado pacto local del sector a punto de firmarse saltaba por los aires tras el anuncio de Fomento de que liberalizará esta actividad en cumplimiento de una sentencia europea.

Precisamente, a raíz de la documentación remitida por la Autoridad Portuaria de Vigo al organismo que preside José María Marín Quemada, Competencia inició «una información reservada» que le permitió, según comunicó, «detectar indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la normativa de competencia» y, en consecuencia, la incoación de un expediente sancionador por una presunta infracción del artículo 1 de la LDC y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Ahora se abre un periodo de 18 meses en el que el organismo deberá determinar si las investigadas violaron, o no, la normativa vigente en materia de competencia.

Nuevo actor en el conflicto

El anuncio de la CNMC llega en un momento crucial, con el sector levantado en armas contra la propuesta planteada por la cartera de Íñigo de la Senra, que supone romper con el actual modelo de estiba en España condenado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en consecuencia, liberar la contratación del personal de los puertos encargados de cargar y descargar la mercancía que entra y sale del país. La semana de gracia concedida por Fomento para su aplicación ha logrado calmar aparentemente los ánimos con la desconvocatoria de la huelga prevista. Así las cosas, mientras la cartera llamaba a sindicatos y patronal a sentarse y negociar, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, arremetía desde Vigo contra una sentencia que el Gobierno aprovecha para «iniciar una desregulación brutal» de la estiba.