«Propostes de la terreta»: el sector crítico de Podemos defiende la independencia para decidir sobre pactos

La descentralización de Madrid es una de las propuestas más unánimes que parten de las distintas facciones que componen Podemos en la Comunidad Valenciana de cara a la segunda Asamblea Ciudadana Estatal (conocida como Vistalegre II) que se celebrará del 10 al 12 de febrero.

En el caso de los llamado críticos con la dirección autonómica encabezada por Antonio Montiel, el planteamiento va un paso más allá y piden que cada comunidad pueda decidir sobre los pactos y confluencias de forma independiente.

Así se recoge en uno de los apartados de «Propostes de la terreta», un documento de 43 puntos que ha sido elaborado por siete asambleas diferentes (Castellón, Valencia, Alicante, Elche, Buñol, Gata y la Vega Baja) y dos sectoriales (el círculo feminista y el de personas discapacitadas).

En él se defiende la creación de un Consejo Territorial compuesto por la persona que designe el órgano ejecutivo de cada autonomía (17 en total) más un representante por cada millón de habitantes que se elegirá mediante primarias abiertas. Este órgano contará con la facultad de adoptar medidas vinculantes para la organización en aquellos asuntos que tengan que ver con el modelo territorial, la plurinacionalidad, los presupuestos del partido, las condiciones marco para las confluencias con otras plataformas o los pactos electorales. Además, tendrá capacidad de veto sobre las decisiones de la dirección estatal «si afectan a los intereses de los territorios».

Los planteamientos descentralizadores de Madrid también incluyen que no más del 30 por ciento del Consejo Ciudadano Estatal esté compuesto por personas de la misma comunidad autónoma; que los excedentes salariales de los cargos públicos serán gestionados por el territorio al que representan; o que cada círculo articule sus mecanismos de financiación de manera totalmente autónoma.

El foco en Garantías

Especialmente relevante es el punto referente al funcionamiento de la Comisión de Garantías, una cuestión sobre la que Antonio Montiel quiere igualmente llevar un posicionamiento propio. El órgano ha estado en el punto de mira tras la polémica en torno al dictamen que detectaba una decena de irregularidades en contrataciones del partido, denunciando incluso que el Consejo de Coordinación (controlado por el secretario general) no facilitó toda la documentación requerida.

Desde Coordinación señalaron, sin embargo, que pidieron a Garantías que esperara a que relizaran una consulta legal para hacer llegar la información, algo que ignoraron.

El informe generó sorpresa y disgusto en la cúpula autonómica de Podemos en un momento en el que la tensión interna va en aumento por las voces críticas que cuestionan el liderazgo de Montiel. Incluso desde su entorno se llegó a apuntar que se estaba tratando de «instrumentalizar» este órgano para las disputas políticas. El resultado de todo ello fue que dos integrantes de la comisión acabaron dimitiendo por discrepancias con la presidenta, mientras ésta criticaba que la dirección «no acepta aquello que le incomoda».

En el caso concreto de este conflicto, tenía que ser precisamente el Consejo de Coordinación el que había de emitir un expediente sancionador puesto que la Comisión de Garantías no tiene competencia para ello. Un cambio que contempla la propuesta de los críticos para dotarla de más independencia. De este modo, podrá incoar los procedimientos sancionadores sin depender de la aprobación de Coordinación.

Otros puntos del documento se centran en que el número máximo de cargos orgánicos por afiliado sea uno; que los cargos públicos tengan que rendir cuentas a nivel interno sobre su trabajo en las instituciones; un refuerzo de la autonomía en los municipios; o la apuesta por la paridad de sexos como principio político, organizativo y ético en todos los niveles de la organización.

Aunque las propuestas de este sector valenciano no van asociadas a ninguna candidatura para el Vistalegre II, se han puesto a disposición de aquellas que previsiblemente puedan presentar documentos finales a la votación que comenzará el 4 de febrero.