Política

El lío con las peticiones de información del PP en las Cortes

Isabel Bonig denuncia que la Cámara les retiene solicitudes de documentación, mientras Manolo Mata replica que se olvidaron «en un rincón»

Isabel Bonig, en las Cortes, en una imagen de archivo
Isabel Bonig, en las Cortes, en una imagen de archivo - ROBER SOLSONA

Las peticiones de documentación parece que seguirán siendo una de las batallas del PP en las Cortes a lo largo de toda la legislatura. La última denuncia se refiere a más de 600 solicitudes de documentación realizadas por el grupo popular al Consell que permanecen «retenidas» en la Cámara, ante lo cual estudiarán adoptar medidas legales.

La portavoz, Isabel Bonig, criticó ayer este hecho, en su opinión «muy grave y del que no hay precedente», a la vez que explicaba que el PP ha registrado un escrito en el que solicita una investigación sobre lo ocurrido.

Concretamente, se trataba de peticiones presentadas hace un mes. Del total, casi 600 eran sobre los gastos de caja fija de las diferentes Consellerias, mientras que las restantes consistían en información sobre subvenciones a Acció Cultural del País Valencià, además de algunas de Sanidad.

«Queremos saber por qué no las tramitan, por qué permanecen retenidas mientras que a otras solicitudes de documentación posteriores sí que se les ha dado trámite, y por qué no se les da traslado al Consell para que empiece a contar el plazo, señalaba Bonig.

La respuesta llegaba pocos minutos después con la comparecencia del portavoz del PSPV en las Cortes, Manolo Mata: «Dada la escasez de medios y coincidiendo con el pleno en el que se aprobaron más de mil propuestas de resolución que tienen que salir urgentemente, a alguien se le olvidó en un rincón un paquete con 600 solicitudes de documentación».

El síndic destacó que el retraso era de 14 o 15 días y que, ya localizados los documentos, «se han subido a Presidencia, el presidente los firmará y se mandarán a las consellerias pertinentes».

La explicación no convenció al PP, desde donde consideran que se trata de un «posible delito por vulneración de derecho fundamental a solicitar información» y recordaron que han presentado ya diez contenciosos al Consell por negar documentación, uno de ellos ya ganado.

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