Así se ha forjado la primera imputación de la carrera política de Rita Barberá

La citación de Rita Barberá como investigada supone el punto y seguido al devenir judicial de la que fuera alcaldesa de Valencia durante veinticuatro años. Barberá declarará como imputada el próximo 21 de noviembre en una causa por blanqueo de capitales ante el Tribunal Supremo por su condición de aforada (dejó el PP pero mantiene el acta de senadora integrada en el grupo mixto) mucho después que sus antiguos compañeros en el Ayuntamiento de la capital (concejales, exdiles y antiguos asesores, hasta medio centenar) fueran citados por el el juez encargado del caso en Valencia, Víctor Gómez, quien mantiene abierta la causa.

El aforamiento de Barberá -quien siempre ha proclamado su inocencia- ha prolongado la «agonía» judicial de la dirigente que durante años lució el carnet con el número tres del Partido Popular.

Hasta ahora, tras cuatro décadas de carrera política, no había resultado imputada formalmente en un caso judicial.

Para llegar a este punto han tenido que transcurrir cerca de diez meses. De hecho, la Guardia Civil inició a finales del pasado mes de enero una operación contra la corrupción denominada «Taula» en diversas administraciones de la Comunidad Valenciana que se centraba en presuntos amaños de contratos públicos. Tras múltiples registros y la detención y posterior puesta en libertad de 24 personas (entre ellas el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, su exjefe de Gabinete Emilio Llopis y la exconcejal de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia María José Alcón), comenzaba una amplia investigación judicial que se extiende hasta hoy, derivada en tres frentes: el Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana - uno del los implicados en el caso es el diputado autonómico Miquel Domínguez- y el juzgado de instrucción número dieciocho de Valencia.

El titular de este juzgado ha ido dividiendo esta macrocausa en diversas piezas separadas para agilizar la instrucción. Así lo decidió con la relativa al presunto blanqueo de capitales en el seno del grupo popular del consistorio valenciano, la primera cuyo secreto de sumario fue levantado en febrero. Ésta también se ha extendido a la de una supuesta financiación irregular del PP valenciano.

«Pitufeo» en el grupo municipal

De acuerdo con las investigaciones, los contratistas de obra pública aportaban dinero al partido y éste lo «lavaba» por distintos procedimientos. Uno de ellos, conocido como «pitufeo», pasaba por devolver a los concejales, asesores y militantes de confianza los donativos de mil euros que habían realizado al partido en sobres con billetes de 500 euros. La investigación apunta a que sólo en la campaña electoral de las pasadas municipales de 2015 se blanquearon 50.000 euros.

Para ello, entre otras pruebas, fueron clave las declaraciones de cuatro exasesores del grupo, algunos pertenecientes al núcleo de confianza del que fuera vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (enemistado con Rita Barberá). Nuria Diego, Arantxa Martín, Patricia Iserte y Jesús Gordillo admitieron que eran conscientes del blanqueo y por ello rechazaron efectuar el donativo.

Barberá admitió haber entregado los 1.000 euros, pero siempre negó que se los hubieran devuelto.

A raíz de estos indicios, el magistrado acabó imputando a 49 personas entre concejales y asesores, incluyendo a nueve de los actuales diez ediles del PP en el Ayuntamiento. Todos ellos declararon ante el juez que, efectivamente, realizaron esa donación después de que se les pidiera, pero en ningún momento les fue devuelta. Además, mantienen la versión de que los asesores que admitieron el blanqueo lo hicieron porque no iban a renovar su cargo en la presente legislatura.

Ante el antiguo fiscal general del Estado

Aunque los hechos supuestamente delictivos se produjeron durante la etapa de Rita Barberá al frente del Consistorio, su condición de aforada al ser senadora impidió en ese momento que también resultara investigada, un proceso que se inició el pasado 13 de septiembre tras el pronunciamiento favorable del Tribunal Supremo.

Ahora, el magistrado Cándido Conde-Pumpido -el ex fiscal general del Estado encargado del caso en el Alto Tribunal- ya ha puesto fecha a la primera imputación formal de la carrera política de Rita Barberá.