El Ayuntamiento de Viladecans pide a la Generalitat que respete las leyes y las sentencias de los tribunales

Los partidos constitucionalistas aprobaron la noche del jueves pasado una moción en el pleno del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona), cuyo alcalde es Carlos Ruiz (PSC), que exige a la Generalitat de Cataluña respetar las leyes, las sentencias de los tribunales, el Estatuto de Autonomía y la Constitución.

El texto de la moción aprobada por los concejales del PSC, Cs y PP señala que el ayuntamiento "expresa la preocupación" que han producido las recientes "declaraciones públicas de los miembros del Gobierno de la Generalitat" en las que "manifiestan la decisión consciente y voluntaria de vulnerar el ordenamiento jurídico y el Estado de derecho".

En este sentido, se exige a la Generalitat que todos sus acuerdos y resoluciones "se desarollen y se ajusten al marco normativo" respetando las normas democráticas vigentes en Cataluña y "a las decisiones de los tribunales encargados de hacerlas cumplir, como garantía de nuestra convivencia pacífica y de los derechos y libertades de todos los ciudadanos".

La propuesta pactado por PSC, Cs y PP se aprobó con los votos de estas formaciones más el apoyo de un concejal no adscrito. Solo ERC se opuso. Mientras que ICV-EUiA, Viladecans Sí es Pot, Guanyem-CAP y una concejal no adscrita se abstuvieron.

Moción de rechazo, en julio

El pasado mes de julio, también en Viladecans, el pleno municipal aprobó otra moción de rechazo "a cualquier iniciativa ilegal por parte de las instituciones catalanas". Esta moción fue aprobada por PSC, Cs y PP, y se plenteó en el pleno después de "los graves hechos" del 28 de julio en el Parlamento autonómico, cuando se votó el informe de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, haciendo caso omiso al Tribunal Constitucional.

Entonces, tal y como figura en el texto de la moción de rechazo, se indicó que se estaba fomentando "una peligrosa fragmentación entre catalanes" entre los que, por un lado, quieren romper la legalidad y, por otro, los que defienden la democracia y las instituciones autonómicas.

Los partidos constitucionalistas, que tienen la mayoría en el pleno de la población barcelonesa, aprobaron recordar que "ninguna mayoría política -en el Parlamento de Cataluña- tiene derecho a poner en riesgo unas instituciones que lo son de todos los catalanes" y rechazaron "cualquier iniciativa ilegal" por parte del Parlamento autonómico.

Finalmente, la moción aprobada en verano indicaba que "nadie está por encima de la ley en un Estado de derecho democrático" y, por lo tanto, mostraba el rechazo "más profundo" al enfrentamiento institucional que suponía no hacer caso al Alto Tribunal.