Europa avisa a Nissan de que tendrá que devolver las ayudas si incumple en Ávila

Nissan podría tener que devolver las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) recibidas en el periodo 2007-2013 si en los controles que se están llevando a cabo se demuestra que «se han incumplido las obligaciones» contraídas en el Plan Industrial vinculado a la planta que la multinacional tiene en Ávila. Así de claro lo ha dejado la comisaria de Política Regional, Corina Cretu, en una respuesta conjunta a varias preguntas formuladas por el eurodiputado abulense Agustín Díaz de Mera relativas a la fábrica en la capital amurallada. En ellas, la Comisión Europea certifica que «en efecto» esa factoría «recibió financiación» comunitaria que, «conforme al principio de gestión compartida que rige la política de cohesión, la gestión de los fondos FEDER la comparten la Comisión y las autoridades nacionales».

De hecho, según esa misma respuesta conjunta a tres cuestiones planteadas por Díaz de Mera ante la situación de incertidumbre que atraviesa la factoría de la multinacional nipona, son las autoridades españolas las que «están llevando a cabo controles sobre el terreno a fin de comprobar si la inversión y el nivel de empleo de dicho proyecto están en consonancia con las obligaciones establecidas en la decisión de concesión de la ayuda». El europarlamentario se interesaba por las políticas para «asegurar que las empresas cumplen con las normas relativas a la responsabilidad social empresarial».

Además, también cuestionaba sobre si se plantea desde la UE «aplicar las sanciones que correspondan» si la compañía ha incumplido con el Plan Industrial firmado en abril de 2010 con horizonte hasta 2023, fecha hasta la que Nissan se comprometía a «mantener la estructura laboral y la actividad industrial» en Ávila. En este sentido, la comisaria europea de Política Regional es tajante y advierte de que si esos controles «mostrasen que se han incumplido las obligaciones», esto «podría considerarse una irregularidades» que las autoridades españolas «deberían corregir» y, «en consonancia, Nissan debería devolver los fondos del FEDER correspondientes».

Desde Nissan, aseguraron ayer a ABC estar «tranquilos» en este sentido. «No podemos incumplir porque jugaría en nuestra contra», aseguraron fuentes de la multinacional nipona, que recalcaron que «Nissan cumple con sus compromisos» y el tema de los fondos europeos es un asunto «técnico y complejo».

En estudio

Por el momento, están «focalizados» en el estudio sobre la viabilidad de la planta en Ávila, tal y como José Vicente de los Mozos, presidente de Renault España y coordinador por parte de la alianza de la firma del rombo y Nissan en este conflicto, planteó en la reunión mantenida el pasado 16 de febrero con la plantilla y después con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

«Estamos buscando las mejores opciones» para la planta de Ávila, aseguraron ayer desde la automovilística nipona, que mantiene sobre la mesa el análisis de las tres opciones formuladas de cara al futuro. La primera, buscar otro motor que permita alargar la vida del modelo NT-400 hasta 2023 en lugar de hasta 2020, cuando, en principio, acababa su vida útil, y una vez que el pasado 22 de diciembre paralizó la producción del nuevo vehículo ligero, el NT-500, debido a que la normativa europea prohibe desde enero seguir fabricando modelos con los motores previstos inicialmente y aunque la previsión inicial era sacar al mercado 100.000 unidades desde 2014 y durante diez años. Esa paralización, unida a que aún no ha presentado el plan industrial antes de acabar 2016, como tenía comprometido, hicieron saltar las alarmas una vez más sobre el porvenir de la factoría.

Judicialización

La segunda opción pasa por encontrar una solución industrial alternativa para dar estabilidad a la factoría. Y la tercera, que no haya solución. Aún así, De los Mozos comprometió que no habrá despidos y apostó por recolocaciones.

En su respuesta a las preguntas realizadas en febrero por el eurodiputado Agustín Díaz de Mera, las instituciones europeas también advierten de que si las autoridades españolas «se negaran a corregir dicha irregularidad, la Comisión podría iniciar un procedimiento de corrección financiera, que podría desembocar en la decisión de reducir los fondos del FEDER asignados al programa en cuestión». El europarlamentario también se interesaba por si la Comisión se plantea «recurrir al Tribunal Superior de la Unión Europea» de confirmarse el incumplimiento. Una posibilidad, señala la comisaria en su respuesta, que «sólo» podría darse «si España impugnase la decisión de corrección financiera».

En cuanto a la responsabilidad social, la Comisión advierte de que «es un proceso voluntario en la UE», aunque reconoce que «espera» que las empresas «se ajusten» a los principios internacionales, las directivas de la Unión y el derecho nacional que existen en este sentido.

Además, Díaz de Mera también remitió una carta al embajador de Japón en España, Masashi Mizukami, reclamando su «intervención» ante Nissan para «evitar el impacto social y económico tan negativo» que podría derivarse de la «nueva política empresarial de la multinacional en la factoría de Ávila, que emplea a medio millar de personas en su planta del polígono de Las Hervencias.