Reunión frustrada para desencallar las 35 horas de los funcionarios

Lo que iba a ser una reunión crucial para los empleados públicos de Castilla-La Mancha, se convirtió en una discusión bizantina entre los responsables de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y los del Gobierno de España. Fue el director general de Función Pública de la Junta de Comunidades, José Narváez, el encargado de acudir a la sede del Ministerio de Hacienda, en Madrid, para mantener el primer encuentro de la comisión bilateral con el fin de acercar posturas entre ambas instituciones con respecto a la Ley 7/2015 de 2 de diciembre, que regula la jornada de 35 horas semanales de los funcionarios de la región.

«Un paripé». Así calificó al frustrado encuentro, ayer por la tarde, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Alfonso Ruiz Molina, quien lamentó que el Gobierno de España comenzara la reunión pidiendo directamente a la Junta que derogara la ley.

Por eso, según informó, decidieron levantarse de la mesa de negociación hasta nueva orden, teniendo en cuenta que el 16 de septiembre es la fecha límite que tiene el Ejecutivo central para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la medida del presidente Emiliano García-Page para reducir la jornada laboral de los funcionarios de las 37,5 horas semanales, adoptadas por María Dolores de Cospedal, a las 35 actuales, una decisión que «se ajusta plenamente a la legalidad», en opinión de Ruiz Molina.

«No tengo duda de que el Tribunal Constitucional fallaría a favor de esta Administración, no hay ninguna duda», aseguró el consejero, quien considera que los trabajadores de la Junta tienen que estar tranquilos. Sobre la reunión, Ruiz Molina explicó que la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha era «defender con argumentos jurídicos» la ley aprobada en las Cortes regionales para eliminar las denominadas «horas Cospedal» y eliminar la jubilación forzosa de todos los funcionarios, que entró en vigor el pasado 1 de enero.

Control presupuestario

Por su parte, desde el Partido Popular proponen, a través de sus enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, que cada mes de 2016, el Gobierno remita a las Cortes en los cinco primeros días el estado de ejecución de los presupuestos al mes anterior, incluyendo los créditos iniciales y los créditos definitivos, así como las modificaciones presupuestarias.

En sus enmiendas parciales publicadas ayer por el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha, incluyen en sus alegaciones al articulado del Proyecto de Ley otros aspectos como que el Gobierno autonómico deberá hacer «actuaciones tendentes a la eliminación de contrataciones» a personal interino «por tiempo inferior a la jornada completa, salvo aquellos casos de excepcionalidad y urgente necesidad».

También abogan por que solo se creen nuevas fundaciones en el seno de la Administración regional, siempre y cuando tengan como finalidad la defensa de los intereses sociales de los colectivos más desfavorecidos.