La ley de protección animal canaria «abandona» a su suerte a los perros y gatos de las perreras

Cachorritos, camadas enteras de recién nacidos, la tristeza de los perros y gatos abandonados se palpa en la perrera insular de Bañaderos, en Gran Canaria, nada más pisar unas vetustas instalaciones preparadas para alojarlos de manera temporal.

El penetrante olor a animal que se respira en el popularmente llamado albergue, a raíz de que lo gestione una protectora del mismo nombre —Albergue de Bañaderos—, junto a los ladridos y maullidos desgarradores que allí se escuchan y el bombardeo de de decenas de miradas encerradas, solo pueden dejar impávidos a quienes se hayan desprendido de su humanidad a conciencia.

A la espera de ser adoptados o sacrificados, sobreviven alimentados al menos un centenar de perros y otro tanto de gatos, en verano la media fue de 30 abandonos diarios, pero es inútil realizar un recuento.

Con la crisis por excusa o causa, el goteo de llegadas —y muertes— es diario.

Así lo acreditan los voluntarios que colaboran desinteresadamente, incluido veterinarios, que cada cierto tiempo realizan llamadas de atención cuando el centro, con sacrificios y todo, se colapsa. La próxima fecha crítica es la Navidad cuando se potencia la compraventa de animales y, terminadas las fechas señaladas, se «devuelve» el regalo, pero a la perrera.

Los voluntarios que intentan alegrarles sus oscuras existencias no evita que muchos de ellos fallezcan de tristeza antes de ser sacrificados (en torno a los 21 días después), especialmente los gatos. Bañaderos no esconde lo que es. Para evitar el sacrificio del animal, adoptarlo cuesta 70 euros e incluye el chip y la entrega del ejemplar desparasitado y con la vacunación y otros test al día.

Cuando los perros llegan a la perrera, los sujetan con una cadena. «Se les amarra con cadenas, la mayoría de ellas muy gruesas y cortas, a fin de que sirvan para amarrar también a perros de gran tamaño y peligrosidad», explican. Como quiera que la imagen de perros visiblemente derrumbados y atados con cadenas impacta, el centro aclara que tales cadenas son cortas, también, «para que no se enreden unos con otros, ya que se les coloca muy juntos en el momento de su llegada». Después de acceder a la perrera, los veterinarios hacen la correspondiente revisión. Según aseguran, «solo» están encadenados en el momento en que llegan, luego están sueltos, pero en jaulas, con lo que ello conlleva.

En 2014, entraron 4.367 animales, de los que alrededor de 1.400 fueron adoptados. Si el número de adopciones ha mermado, lo que cada vez aflora más son los casos de maltrato extremo por parte de propietarios desaprensivos o escándalos como el que acaba de desvelar la cadena «Mírame TV», en Tenerife.

Asegura que, como consecuencia de la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife sobre los responsables de la Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas (Fecapap) y del refugio comarcal Valle Colino, testigos presenciales han desvelado supuestos sacrificios de perros sanos en dos centros de recogida.

Abierto el proceso de instrucción de los hechos, el juez instructor investiga ahora en paralelo una presunta malversación de fondos públicos por parte de dos de sus responsables. Unas acusaciones que dicha Federación ha rechazado y califica de «campaña de acoso y derribo» contra ellos.

Sea como fuere, las perreras insulares reciben subvenciones de los cabildos de las islas y de muchos ayuntamientos. En el caso de Bañaderos, aportan ayudas 19 municipios de Gran Canaria. El centro genera un gasto al año de unos 280.000 euros para acoger a más de 4.000 animales al año. Sin embargo, la cifra de abandonos anual rebasa en los 10.000 sólo en esta isla.

Ante un panorama que no da síntomas de mejora, el PSOE y Coalición Canaria (CC) sacaron adelante con su mayoría parlamentaria en las Islas una descafeinada modificación de la vigente ley de protección animal regional (Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de animales).

Dejaron fuera de la ambiciosa propuesta de Podemos el objetivo que ya han desarrollado otras ciudades españolas, como es la de prohibir la eutanasia de animales en Canarias en las perreras, lo que se conoce como «sacrificio cero». En una comunidad que proscribió los toros, ambas formaciones rechazaron derogar la normativa que permite las peleas de gallos. Socialistas y nacionalistas se limitaron a aprobar la prohibición de practicar mutilaciones a los animales domésticos, excepto las controladas por veterinarios.