El instructor y el fiscal del caso de la mafia policial de Palma van armados por las amenazas recibidas

Desde hace tres años, el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán y el juez Manuel Penalva investigan la existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma. Dicha red tendría todos los elementos de funcionamiento de una estructura mafiosa, basada en la extorsión y en la posible implicación de políticos, empresarios y agentes policiales.

Las indagaciones iniciales de Subirán y de Penalva se centraron en el presunto amaño de unas oposiciones convocadas en 2012 para poder acceder al grado de inspector en la Policía Local. En aquel momento, el equipo de gobierno de la capital balear era del PP.

Las pesquisas del fiscal y del juez derivaron en 2015 hacia la investigación de presuntas irregularidades en la actuación de la Patrulla Verde, que es la unidad que se encarga, entre otras funciones, del control de los locales de ocio nocturno.

Según el relato de varios testigos protegidos, los agentes presuntamente implicados se ponían en contacto con propietarios de diversos clubes de la Playa de Palma para avisarles con antelación de futuros registros e inspecciones.

Dichos policías obtenían, a cambio, dinero y consumiciones de alcohol gratuitas, o mantenían relaciones con prostitutas a cargo del propietario del local. Al parecer, algunos altos cargos locales del PP también habrían participado en «fiestas privadas» que incluían «servicios sexuales» gratuitos. Por lo que respecta a los dueños de los establecimientos que no querían colaborar con la trama, habrían sido extorsionados por los agentes corruptos.

A lo largo de la investigación, se han sucedido los arrestos de diversos agentes, que en algunos casos han derivado incluso en su ingreso en prisión. En ese contexto, a principios de este año la Dirección General de la Guardia Civil autorizó que el juez Penalva y el fiscal Subirán pudieran ir armados con una pistola, después de que ambos lo hubieran solicitado al sentirse amenazados.

Hace apenas dos semanas, se produjo un giro relevante en este proceso, gracias al levantamiento parcial del secreto del sumario. De ese modo, trascendió que el juez considera a quien hasta ahora era el presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, el «artífice en la sombra» de la citada trama de corrupción. Además, un testigo protegido afirmó que Rodríguez también habría cobrado comisiones ilegales e intervenido en la tramitación de licencias.