El 85% de las denuncias con la «ley mordaza» son por drogas y armas

«Es una vuelta al Estado policial», «su objetivo es sancionar al disidente» o «habilita a la Policía para el ejercicio de poderes exorbitantes de inspección, represión, sanción...». Son algunos de los mensajes que lanzó el PSOE, en sintonía con otros grupos de la extrema izquierda e independentistas, para desacreditar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC) durante su tramitación. Pues bien, el 85 por ciento de las denuncias que se han cursado con arreglo a esta Ley durante los tres primeros meses de su aplicación tienen que ver con las drogas y las armas. En total, en los citados tres meses fueron interpuestas 88.856 denuncias. El dato deja sin argumentos a quienes calificaron este instrumento legal como «ley mordaza» diseñada para atentar contra las libertades.

Un análisis de la evolución que han seguido las denuncias presentadas durante julio, agosto y septiembre por parte de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policías autonómicas y policías municipales, acredita que la LOPSC tiene mucho de protección de la seguridad ciudadana, y bien poco de «mordaza» o «antidemocrática. Así, el 75 por ciento de las denuncias cursadas a lo largo de esos tres meses lo fueron en virtud del artículo 36.6. Contempla «el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares». En España no es delito el consumo, sin embargo este comportamiento se tipifica como infracción para evitar también el abandono de jeringuillas y otros útiles en la vía pública, parques o junto a colegios.

Exhibición de armas

Les siguen las presentadas en virtud del artículo 36.10: Se refiere a «portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal». En este caso, alcanzan 10.179, lo que equivale al 8,61 por ciento del total de denuncias.

Se da el caso de que la LOPSC es la única ley en España que permite sancionar en vía administrativa el uso negligente de armas y explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos. Nuestro país ya tenía un régimen riguroso de control de armas y explosivos que ha mejorado considerablemente gracias a esta nueva norma, que se convierte así en garantía de seguridad ante la amenaza yihadista.

Precisamente, en el ámbito de armas y explosivos, se han presentado, asimismo, 197 denuncias, que supone el 0,17 por ciento, por infracción muy grave del artículo 35,2, que se refiere a la fabricación, comercio, transporte, distribución, adquisión de armas y explosivos incumpliendo la normativa, siempre que tales conductas no sean constitutivas de delito. En la memoria colectiva están los preparativos del 11-M, cuando quienes en principio eran unos simples delincuentes adquirieron la dinamita utilizada después en el mayor atentado terrorista perpetrado en Europa.

Así las cosas, aproximadamente el 85 por ciento de las denuncias que se han presentado en julio, agosto y septiembre en aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana tienen que ver mucho con la droga y las armas. Materias que constituyen prioridades en el ámbito de la convivencia y que difícilmente permiten calificar a esta norma como «mordaza».

«Su objetivo es sancionar al disidente, al que protesta» o «supone una inversión del orden constitucional» porque sitúa como principal objetivo de las funciones de la Policía la seguridad y no el libre ejercicio de los derechos fundamentales. Estos eran algunos de los argumentos que esgrimía el PSOE, en sintonía con formaciones como Podemos o Amaiur para atacar el proyecto de Ley. El portavoz de Amaiur, Mikel Errekondo, en la tribuna del Congreso, llegó a colocarse en la boca cinta adhesiva para denunciar la norma que, en su opinión, dinamitaba la libertad de expresión.

Pues bien, las denuncias que se refieren a manifestaciones no comunicadas, contempladas en el artículo 37.1, han sido a lo largo de esos tres meses tan solo 25, lo que representa el 0,02 por ciento de las 118.186 formuladas en total. Por la negativa a la disolución de manifestaciones se han presentado tan solo dos denuncias. Resulta significativo, también, que por la perturbación grave de la seguridad ciudadana durante reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, Senado y parlamentos autonómicos, que se contempla en el artículo 36.2, ha habido en tres meses, tres denuncias. Prácticamente, el 0,00 por ciento.

Seguridad ciudadana

Algo más han sido las denuncias referidas a la falta de respeto hacia los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Comportamientos contemplados en el artículo 37.4. Constituyen el 4,86 por ciento. Y las referidas a resistencia o desobediencia a la autoridad, de acuerdo con el artículo 36.6, se quedan en el 4,29 por ciento. La LOPSC es la única herramienta que los agentes tienen para hacer frente, mediante la vía administrativa, a la desobediencia.

Que la LOPSC tiene como finalidad la protección de la seguridad ciudadana parece acreditado. Así, ya se han dado cuatro casos de denuncia por infracción muy grave consistente en la proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivos, sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles y provocar accidentes de consecuencias trágicas. Constituye una novedad en la legislación española. Uno de estos casos ocurrió el pasado mes de agosto en Madrid, cuando un individuo se dedicó a deslumbrar a los conductores desde la terraza de su casa, en la calle Monforte de Lemos, con un potente dispositivo laser.