«No hay que suprimir la acción popular; sí regularla mejor»

La investigación abierta contra el líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, sumada al empeño del autodenominado sindicato por sentar en el banquillo a la Infanta Cristina en contra del criterio del fiscal, abre el debate sobre si es necesario mantener en nuestro sistema procesal penal la figura de la acusación popular.

Hay unanimidad en los cuatro grandes partidos: se muestran contrarios a suprimirla, aunque reconocen que hay que regularla mejor.

La representante del PP, María Jesús Morro, apela a un debate sereno sobre esta cuestión, y hace hincapie en que «si ha funcionado mal es porque alguien la ha malutilizado», no porque la figura en sí sea «perversa».

«Sí conviene reflexionar –dice– sobre si cualquiera puede iniciar un procedimiento» cuando en ocasiones, y desde el inicio, ya se ve que la actuación se produce con fines espurios.

Patricia Reyes, de Ciudadanos, también cree necesaria una mejor regulación, pero en el marco de una reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que deje la instrucción de una vez en manos del fiscal y al actual juez instructor como juez de garantías.

El exjuez Juan Pedro Yllanes, por su parte, reconoce que la acusación popular está dando lugar a abusos, y pone como ejemplo los cinco archivos de causas abiertas contra Podemos en el Tribunal Supremo.

Sin embargo, y aunque apunta que «tal y como está funcionando no sirve», no es partidario de suprimirla, sino de regularla mejor.

En este punto, el representante socialista, Juan Carlos Campo, recuerda que la ausencia de normativa ha provocado que esta regulación se haya tenido que hacer a golpe de jurisprudencia, con lo que sería deseable que el legislador tomara cartas en el asunto en el marco de esa reforma procesal penal que todos los partidos reclaman.