El sector alimentario pide que Rajoy lleve al Constitucional el impuesto al azúcar de Cataluña

Fabricantes, distribución, hostelería, agricultores... hasta una docena de asociaciones sectoriales de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria han unido fuerzas contra el impuesto sobre las bebidas azucaradas implantado en Cataluña. Los representantes de estas patronales pidieron ayer al Gobierno que active los mecanismos para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra este tributo creado por la Generalitat.

La medida incrementa el precio de la bebida dependiendo de la cantidad de azúcar añadido que contenga: desde los 8 céntimos para aquéllas que dispongan entre 5 y 8 gramos de azúcar añadido por cada 100 ml, hasta los 12 céntimos para las que superen la cantidad anterior. El plazo para que el Gobierno presente un recurso expira el día 30 de junio.

Desde el sector barajan otras vías legales para acabar con el gravamen si la fecha se pasa de plazo.

La medida estuvo cerca de ser estatal, pero al final el Consejo de Ministros la retiró a pesar de ser una recomendación de la OMS. «No creemos que la fiscalidad sea la estrategia adecuada para cambiar los hábitos de vida de una sociedad moderna y avanzada como la nuestra», declaró Mauricio García, presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), que acusó a la Generalitat de que esta ley sólo tiene «un afán recaudatorio».

El presidente de Asaja, Pedro Barato, reiteró que el sector productor no está de acuerdo con esta medida que influirá de forma «negativa» en el sector remolachero español, que encara un año crucial con el fin de las cuotas. «¿Quién dice que mañana no se grave la leche, el yogurt o la carne? Quien ha parido este impuesto no conoce el sector agroalimentario, porque es una aberración y una barbaridad», ha recalcado.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cadenas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, ha incidido en que este impuesto es un problema del Estado, ya que trae un peligroso precedente que «distorsiona» el funcionamiento de la unidad de mercado en un sector estratégico en el desarrollo económico de España como es el sector de gran consumo, así como de las empresas que se encuentran sin seguridad jurídica.