El Gobierno espera recaudar 200 millones de euros con el impuesto a las bebidas azucaradas

Recientemente, se ha anunciado que el Gobierno tiene previsto aprobar un anteproyecto de ley que prevé un impuesto a las bebidas azucaradas. A fecha de hoy, se desconoce el porcentaje con el que está previsto gravar, sin embargo, el gobierno espera recaudar 200 millones de euros en el año 2017. Desde el Gobierno se ha argumentado que este impuesto nace como un «instrumento de lucha contra la obesidad y todo lo que significan los problemas del exceso de azúcar».

Está claro que el consumo de alimentos ricos en azúcar está asociado a la aparición de diversas patologías como la obesidad, pero el consumo de alimentos ricos en azúcar, no sólo el de bebidas azucaradas.

La realidad es que existe mucha controversia y opiniones encontradas en la comunidad científica en cuanto a este tipo de iniciativas.

En 2016, un estudio observacional relativo a las compras de bebidas en México, pone de manifiesto que el impuesto sobre las bebidas azucaradas se asoció con reducciones en las compras. Sin embargo, el estudio no consiguió asociar esa reducción a una mejora de la salud y concluyó que era necesario un monitoreo continuo para entender las compras a largo plazo y las sustituciones potenciales.

En Europa, un estudio publicado en 2014 que incluyó medidas novedosas como la fiscalización de alimentos ricos en grasas o azúcar, puso de manifiesto que los impuestos son poco comunes en los países europeos. Finlandia, Francia, Hungría y Letonia han aplicado «impuestos sobre el azúcar» sobre los alimentos azucarados y las bebidas azucaradas y Finlandia, Hungría y Portugal también sobre los productos salados. La fiscalización en cuanto al azúcar no sólo se ha hecho sobre las bebidas azucaradas sino sobre los alimentos ricos en azúcar, algo que sorprende tras leer el anuncio del Gobierno.

Dicho estudio concluye que la mayoría de los países europeos promueven el consumo de alimentos saludables y realizan campañas de educación alimentaria para reducir el consumo de alimentos asociados a la pérdida de salud, si bien no alcanzan las actividades óptimas y señala la necesidad de realizar más políticas de salud pública en los países para que potencialmente la fiscalización de alimentos sea más eficaz.

Un reciente estudio publicado en febrero de 2017, sugiere que los impuestos y subsidios sobre alimentos y bebidas pueden combinarse potencialmente para lograr mejoras sustanciales en la salud de la población y ahorrar costos para el sector de la salud. Sin embargo, la magnitud de los beneficios para la salud es sensible a las medidas de elasticidad de los precios, y se necesita más trabajo para incorporar los beneficios potenciales o los daños asociados con los cambios al consumo de otros alimentos no contemplados como carnes rojas y procesadas o la fibra.

Ante este escenario, asalta la duda de si el Gobierno de España busca una solución a la obesidad o simplemente ha iniciado una medida recaudatoria.

Resulta curioso que países que se han planteado este tipo de iniciativas llevan años trabajando activamente en políticas de salud, se han gastado millones de euros en estrategias de prevención de la obesidad y llevan años con dietistas-nutricionistas en el sistema sanitario público. En este contexto, se entiende el planteamiento de medidas más estrictas e intervencionistas.

Los trabajos científicos concluyen en su mayoría que la fiscalización de alimentos puede ser más efectiva si se acompaña con políticas de salud pública basadas en la educación alimentaria de la población y la prevención de enfermedades a través de programas de alimentación.

España, no ha hecho los deberes. España es el único país de la UE que no ofrece a la ciudadanía la atención sanitaria de dietistas-nutricionistas en el sistema sanitario público, algo que sabemos a través de muchos trabajos científicos que supone una reducción en el gasto sanitario de manera alarmante y, por tanto, de las tasas de obesidad. Sin embargo, sobre esta cuestión el Gobierno no se pronuncia. Ejemplos como el de Holanda, que tuvieron que readmitir a los dietistas-nutricionistas en su sistema público de salud porque en un año se disparó el gasto sanitario.

Pero es que, además, en España las políticas de salud basadas en la alimentación y en la educación alimentaria de la población, dotadas de presupuesto y con profesionales cualificados en su planificación y ejecución, brillan por su ausencia.

Si bien la Academia Española de Nutrición y Dietética, voz científica de los dietistas-nutricionistas de este país, aún no se ha posicionado a este respecto, es necesario reflexionar y hacer crítica sobre esta iniciativa que se debería plantear una vez impulsadas medidas que sí sabemos son efectivas (o de forma paralela): la incorporación de dietistas-nutricionistas en el sistema sanitario público y la implementación y evaluación de campañas de educación alimentaria en la población.

De cumplir este anuncio, la población debe exigir al Gobierno que estos 200 millones de euros sean reinvertidos en la prestación de servicios sanitarios que hagan cumplir la Ley General de Sanidad de 1986 por la que se garantiza a la población española una asistencia sanitaria en condiciones de igualdad efectiva. Hoy, los ciudadanos pagan de su bolsillo los tratamientos dietéticos para perder peso, para enfrentarse a un problema de corazón, de riñón o un cáncer entre muchas otras patologías donde la dieta es fundamental para su tratamiento.

200 millones de euros dan para lanzar campañas de educación alimentaria en los colegios de nuestros niños y niñas, programas de alimentación en patologías, mujeres embarazadas o para nuestras personas mayores. Programas de educación impulsados desde el estado y no desde el ámbito privado.

Giuseppe Russolillo Femenías es Presidente del Patronato de la Academia Española de Nutrición y Dietética.