Economía

Hacienda investiga las declaraciones de bienes en el exterior de los acogidos a la amnistía

La Agencia Tributaria envía las 30.000 cartas a los que regularizaron en 2012 en las que avisa que está realizando «un especial seguimiento» de su patrimonio en el extranjero

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a la de Defensa, María Dolóres de Cospedal
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a la de Defensa, María Dolóres de Cospedal - EFE

Las cartas a los acogidos a la amnistía fiscal ya han llegado a su destino. Los 30.000 contribuyentes que regularizaron patrimonio oculto en 2012 a través del llamado modelo 750 ya han comenzado a recibir este aviso informativo del Fisco. En la misiva, la Agencia Tributaria no les reclama el 10% total de lo aflorado, como pedía Ciudadanos, pero sí les avisa de que «la Agencia Tributaria ha realizado y continúa realizando un seguimiento exhaustivo de los contribuyentes presentadores del modelo 750 para garantizar que dichos contribuyentes han realizado una regularización completa de toda su situación tributaria».

La Agencia Tributaria destaca, sobre todo, que está cruzando los datos presentados en la amnistía fiscal y en la declaración de bienes en el exterior. Esta obligación comenzó a aplicarse meses después de la amnistía, en 2013, para los bienes superiores a 50.000 euros en el extranjero y supuso la «medida estrella» de la nueva Ley Antifraude. «En particular, se han desarrollado hasta la fecha más de 2.200 actuaciones sobre contribuyentes presentadores de ambos modelos», recuerda la misiva.

Hacienda utiliza así la declaración de bienes en el exterior para inspeccionar a los acogidos a la amnistía. «En el marco de estas actuaciones se está realizando un especial seguimiento de la correcta presentación del modelo 720 “Declaración de Bienes y Derechos en el Extranjero” por los presentadores de la Declaración Tributaria Especial», avisa la Agencia Tributaria. Aquellos bienes que no se comunicaran correctamente serán considerados como «ganancias patrimoniales no justificadas». En estos casos, la sanción por no presentarlo a tiempo puede ascender al 150% de lo no declarado.

Junto a ello, la carta recoge que se interrumpirán los plazos de prescripción presentes en la nomativa, como anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, más allá del 30 de noviembre. A partir de esta fecha se cumplen más de cuatro años desde que acabó el plazo para regularizar. «Estas actuaciones tendrán los efectos de la interrupción de la prescripción previstos en los artículos 66 y siguientes de la Ley 58/2013, de 17 de diciembre, General Tributaria», recoge.

La investigación sobre los acogidos a la amnistía fiscal continuará siendo una prioridad para la Agencia Tributaria. «Este tipo de actuaciones continuarán desarrollándose en los próximos meses, en línea con las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2016 y, previsiblemente, serán objeto de especial atención en el Plan de Control Tributario para el año 2017 y siguientes», sentencia la carta.

En su momento, la Dirección General de Tributos detalló, meses después de aprobar la amnistía fiscal el Gobierno, que el 10% que se reclamaría sería solo sobre los ejercicios no prescritos. Por ello, si bien la amnistía afloró 40.000 millones, Hacienda solo recaudó un 3% del total, unos 1.200 millones correspondientes a los 12.000 millones de patrimonio que no había prescrito. Ahora Ciudadanos reclamaba que Hacienda pidiera el 10% de todo para recaudar 2.800 millones.

De hecho, presentó una proposición no de ley aprobada por el pleno del Congreso –incluido el voto a favor del PP– para reclamar este 10%, una propuesta que Hacienda recuerda en la carta. Sin embargo, los asesores fiscales tenían dudas jurídicas de que esto fuera posible y avisaban que si el Gobierno adoptaba esta posición podía provocar un alud de recursos.

Ante las dudas jurídicas, estas cartas satisfacen parcialmente las demandas del partido naranja. El diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, agradece el gesto pero reclama más pasos. «El compromiso de la resolución del Congreso y del acuerdo de investidura era la revisión de los expedientes para que los defraudadores pagasen el 10% efectivo y no el 3%, lo que sólo puede hacerse con notificaciones formales de inicio de comprobaciones, y no con meras cartas informativas, que esperamos que sean solo el primer paso», apunta.

Toda la actualidad en portada
publicidad

comentarios