Sede de Electricaribe, que fue intervenida el pasado 15 de noviembre, en Barranquilla
Sede de Electricaribe, que fue intervenida el pasado 15 de noviembre, en Barranquilla - EFE

Gas Natural demandará a Colombia ante el Ciadi por liquidar su filial en aquel país

Electricaribe, intervenida por el Gobierno local en noviembre, acumula más de 1.300 millones de euros en impagos

Madrid Actualizado: Guardar
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Gas Natural Fenosa se ha cansado de la actitud del Gobierno colombiano y ha decidido denunciarle ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), organismo de arbitraje del Banco Mundial, después de que la Superintendencia de Servicios Públicos de aquel país anunciara hoy la liquidación de la compañía Electricaribe, filial del grupo español. En la demanda exigirá una indemnización «muy superior» a los 475 millones de euros que el grupo español tiene reflejado como valor en libros de esta filial.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, lamentó la decisión porque «no es acorde con la voluntad de diálogo que ha mostrado la empresa ni con su empeño de mejorar el servicio de distribución eléctrica, a pesar de las circunstancias adversas ajenas a la misma».

Y es que, una vez más, no sirvió para nada la reunión mantenida horas antes entre el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el presidente de Gas Natural Fenosa, Isidro Fainé, en el palacio presidencial. No obstante, ambos coincidieron en mantener abiertas las vías de diálogo para aclarar el futuro de Electricaribe, cuyo 85% está en manos del grupo español y que fue intervenida por el Gobierno de Colombia el pasado 15 de noviembre.

«Se ordena la liquidación de Electricaribe», manifestó a primera hora local en una rueda de prensa el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, quien añadió que comenzarán de inmediato a buscar «un operador que asuma la prestación del servicio» en la costa atlántica, zona donde opera la compañía, la cual, «no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren».

Morosidad y fraude

Electricaribe atiende a 2,5 millones de clientes de los departamentos caribeños de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, zonas con escasos recursos donde en los barrios denominados «subnormales» se producen innumerables fraudes e impagos, incluso de instalaciones públicas como hospitales y colegios.

Electricaribe sufre un problema crónico de morosidad y de fraude. Acumula más de 1.300 millones de euros en facturas impagadas, además de una cifra incalculable por el valor de la energía defraudada con conexiones ilegales y manipulación de contadores que se ha cobrado varias víctimas mortales por electrocución.

Gas Natural Fenosa lamentó ayer la decisión de la Superintendencia e hizo un llamamiento a las autoridades locales para que «dejen sin efecto esta medida y trabajen para buscar una solución, sobre todo sostenible para la prestación del servicio de suministro eléctrico en la zona».

El grupo español se mostró sorprendido por «la falta de importancia que la Superintendencia atribuye al gravísimo problema de la morosidad y el fraude. Es un hecho reconocido la necesidad de más inversiones en la zona, pero se pretende ignorar que el problema fundamental es que Electricaribe arrastra una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros (más de 200 solo en 2016)», según cifras auditadas que incluyen importantes deudas de organismos públicos colombianos, y ello es así porque «no existe un marco regulatorio que proteja suficientemente los intereses de la compañía e impida que se vea obligada a suministrar energía sin cobrar». A finales de 2016, la deuda de los clientes protegidos a los que es imposible cortar el suministro por imperativo legal superaba los 350 millones.

Más de 16.000 denuncias

A todo lo anterior debe añadirse la existencia de fraudes por importe superior a los 100 millones anuales. La empresa ha interpuesto más de 16.000 denuncias (5.000 en los últimos dos años), habiendo obtenido solo 85 condenas.

«A pesar de la magnitud de las cifras, de las auditorías al efecto y de los numerosísimos escritos a diversos organismos oficiales, la Administración colombiana no ha tomado medidas para evitar el colapso de la sociedad por falta de una adecuada regulación y seguridad jurídica», subrayó un portavoz de Gas Natural Fenosa.

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