Valls negocia el tijeretazo con los suyos

El primer ministro francés, Manuel Valls, está dispuesto a realizar gestos favorables a las pensiones más bajas y la remuneración de los funcionarios para calmar el descontento de los diputados de la mayoría socialista. Los parlamentarios contestatarios desean preservar el poder adquisitivo de los hogares más modestos pero aceptan el recorte de 50.000 millones en el gasto público que hoy va a aprobar el Gobierno de izquierdas con el objetivo de rebajar el déficit hasta el 3% de la riqueza nacional.

«El objetivo de los 50.000 millones será mantenido porque es la condición para que no haya más impuestos», declaró ayer el presidente del grupo parlamentario socialista, Bruno Le Roux, al término de hora y media de reunión de once diputados con Valls. Una franja minoritaria con apenas una doecena de voces críticas pide por su parte desde el ala más a la izquierda que el tijeretazo se limite a 35.000 millones para no poner en peligro el Estado de bienestar.

Desde el entorno del presidente François Hollande se valoró que «lo principal» es que la mayoría de los diputados socialistas no ponga en tela de juicio los 50.000 millones y se dio a entender que habría concesiones simbólicas por parte del Ejecutivo. Además de un gesto hacia las pensiones bajas, se rumorea la adopción de una cláusula de revisión en caso de recuperación económica para revalorizar el salario de los empleados públicos, congelado desde 2010, en tiempos del presidente conservador Nicolas Sarkozy.

El ministro de Economía, Michel Sapin, confirmó ayer las informaciones periodísticas que atribuyen al Gobierno una apuesta optimista por un regreso al crecimiento del 1% en 2014 y del 1,7% en 2015, después de un precario 0,3% en 2013. «Las previsiones sobre las que trabajamos están perfectamente alineadas con las del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea», observó.

Aval europeo

Los concialiábulos entre el Gobierno y su mayoría parlamentaria preludian la adopción hoy en Consejo de Ministros de la cura de austeridad anunciada por Valls la semana pasada. El plan prevé la congelación de las prestaciones sociales hasta octubre de 2015 y la prórroga del bloqueo salarial de los funcionarios hasta 2017. El objetivo consiste en cumplir el compromiso europeo de un déficit al 3% a finales de 2015 y financiar descuentos de las cotizaciones empresariales por importe de 30.000 millones en tres años para favorecer la competitividad y las contrataciones.

El programa de estabilidad será debatido y votado el próximo martes en la Asamblea Nacional antes de ser sometido al aval de la Comisión Europea, que emitirá sus recomendaciones en el plazo de un mes. En caso de un contumaz rechazo parlamentario, al Gobierno le cabe la posibilidad de recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, que faculta la adopción de un texto sin debate siempre que no prospere una moción de censura. Para ello los socialistas díscolos tendrían que ser numerosos y sumar sus votos a los de la oposición de centroderecha, una hipótesis que se antoja descabellada.