Los dos hombres acusados de intercambiar a sus hijas para violarlas niegan los hechos

Los dos hombres acusados de intercambiarse a sus hijas, menores de edad, para abusar sexualmente de ellas negaron ayer ante el juez haber cometido tales abusos. Durante el juicio, que quedó visto para sentencia en la Audiencia de Sevilla, ambos progenitores, cuñados entre sí, aseguraron desconocer lo que podía haberles pasado a las pequeñas, de 12 y 13 años de edad en la actualidad. La vista oral por este sórdido caso se celebró a puerta cerrada para garantizar así la intimidad de las menores, cuya tutela ostenta ahora la Junta de Andalucía. Tanto las niñas, que declararon protegidas por mamparas de seguridad para no ver a los acusados, como los psicólogos que las atendieron ratificaron los abusos, según fuentes judiciales.

Por su parte, tanto J.M.P. como A.M.M., de unos 40 años de edad, negaron haber abusado de sus respectivas sobrinas. Incluso se escudaron en sus trabajos nocturnos para intentar desmontar las acusaciones, según fuentes de la defensa citadas por Efe, que destacan las numerosas contradicciones en las que incurrieron las menores a la hora de señalar a los autores de los abusos, por lo que no descartan que las menores se vieran influenciadas por su entorno escolar o el vecindario. Ambos hombres, que pasaron ocho meses en prisión provisional por estos hechos, se enfrentan a una petición de 20 años de cárcel, diez por un delito de agresión sexual con acceso carnal hacia su sobrina y otros diez por un delito de agresión sexual por omisión al permitir la violación de su propia hija. El juez les impuso además una fianza de 100.000 euros destinada a pagar futuras indemnizaciones a las niñas.

También las madres de las menores negaron conocer los abusos o dar su consentimiento para ello, según la acusación del ministerio público, que reclama para cada una de ellas un año de cárcel por sendos delitos de corrupción de menores y abandono de familia al supuestamente haber ignorado el deber de proteger a las niñas. La Junta de Andalucía, personada como acusación particular, eleva la pena para las progenitoras a 10 años de cárcel por presuntos abusos sexuales con acceso carnal en comisión por omisión, ya que considera que «conocieron» lo que estaba pasando en su casa y aún así «lo admitieron» y dejaron solas a sus hijas en numerosas ocasiones, facilitando que se produjeran los abusos. Los cuatro rechazaron un acuerdo de conformidad por el que el fiscal reducía su petición de condena a la mitad si reconocían los hechos

El caso se remonta a 2008, cuando una maestra de las menores, que entonces tenían 6 y 7 años, se percató en la escuela de que una de las niñas presentaba lesiones y signos de maltrato y abuso sexual que fueron posteriormente confirmadas por los forenses, por lo que se declaró a las niñas y sus hermanos en desamparo se retiró la custodia.

Las dos familias, con ocho hijos en total, convivían en un pequeño apartamento de una humilde barriada sevillana. Las niñas relataron una depravada convivencia plagada de abusos delante de los otros niños e incluso drogas y prostitución.