Decretan el secreto de sumario del caso de los ERE para investigar a personas no imputadas

El juez Iván Escalera, sustituto de Mercedes Alaya en la investigación del fraude de los ERE (expedientes de regulación de empleo), ha dictado secreto de sumario por un plazo aproximado de un mes. En un auto que aún ayer tarde no había sido notificado oficialmente a las partes, justifica el secreto de las actuaciones a todas ellas, salvo a la Fiscalía, para investigar a personas físicas y jurídicas no imputadas, pero relacionadas con otras que sí lo están.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reclamado al juez el mayor grado de discreción de las actuaciones para indagar la presunta comisión de nuevos delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

Según el magistrado, el conocimiento de las pesquisas «podrían llevar a parte interesada a la manipulación, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba, anulando así la acción policial y judicial».

No es la primera vez que se decreta secreto de sumario en el caso de los ERE. La juez Alaya ya lo hizo en alguna ocasión y también por un periodo breve para facilitar la investigación en los despachos de las aseguradoras que servían de intermediarias en el pago de los ERE.

Fuentes del caso creen que en esta ocasión puede tratarse de lo mismo, ya que el juez hace referencia a la investigación de personas jurídicas y físicas. El juez alude en su auto que no detalla en qué consiste la investigación para, precisamente, no frustrar los resultados.

Hasta ahora ya hay más de sesenta personas imputadas en el llamado caso de los ERE, entre ellas excargos de la Consejería de Empleo como el exconsejero Antonio Fernández, los viceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas, y los exdirectores generales Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera. Pero también están imputados conseguidores como Juan Lanzas y representantes legales de aseguradoras y despachos de abogados que intervinieron en la concesión y pago de las ayudas.

El juez Iván Escalera sustituye a Mercedes Alaya, de baja por enfermedad desde el 12 de septiembre. La magistrada ha estado ingresada en una clínica debido a unas fuertes cefaleas.

Esta es la segunda decisión de calado que ha tomado el juez sustituto en el proceloso caso de los ERE. El pasado mes decidió rebajar la fianza a 50.000 euros al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, que finalmente salió de prisión el pasado mes de octubre.