La Junta aprobará los recortes a los funcionarios sin el acuerdo con los sindicatos

Cuatro horas de negociación sin acuerdo. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, se levantó ayer de la mesa de la función pública sin conseguir arrancar un acuerdo con los representantes sindicales del CSIF, CC OO y UGT sobre el plan de ajuste de la Junta de Andalucía para cumplir con el déficit público, fijado en un tope del 1,5% del PIB regional. El tiempo se agota y el Gobierno andaluz tiene decidido aprobar esta próxima semana el decreto ley sobre las medidas para reducir 2.500 millones de euros del Presupuesto de 2012, de los que 777 está previsto que salgan de las nóminas de los empleados públicos. La promesa hasta ahora era que no haya despidos, aunque la consejera matizó ayer que el compromiso es mantener «el máximo empleo público posible».

Los representantes de los tres sindicatos reconocieron el esfuerzo de Aguayo por negociar con ellos, pero tras cuatro horas de intensas conversaciones no fue posible el plácet. Consideran insuficientes las propuestas para dulcificar el recorte propuestas por la Junta. Aguayo anunció a última hora una nueva rebaja de hasta el 7,5% del sueldo de los miembros del Gobierno (desde el presidente, consejeros hasta directores generales y secretarios generales). Hasta ahora se había fijado el 5%. Tampoco les convence. Les parece insuficiente.

La propuesta incluye rebajar un 10% la jornada laboral a los interinos en lugar del 15% fijado primero. Aguayo adquiere el compromiso de no aplicar esta medida a los que cobren menos de 1.000 euros, exigencia de Izquierda Unida, socio en el Gobierno, que también reclaman los sindicatos. Mantiene el concepto de paga adicional o equivalente en un importe del uno por ciento, que se descontará prorrateado en el complemento específico de las nóminas mensuales de enero a diciembre.

Con estas correcciones al plan primitivo de ajuste presupuestario y financiero, Aguayo cree que se reducirá de 25 a 30 millones de euros el recorte a las retribuciones de los funcionarios. Advirtió que ese dinero lo tiene que aminorar de otras partidas, probablemente de los alquileres de la administración, entre otros, además de las retribuciones de los miembros del Gobierno.

La consejera vuelve a insistir en que el decreto ley dejará claro que se trata de medidas provisionales para este año y el que viene, siempre y cuando la situación económica mejore.

«El total del plan no se verá modificado, como tampoco el objetivo de déficit del 1,5%, pues de su mantenimiento depende el crédito de la Comunidad», dijo la consejera a Europa Press.

Las organizaciones sindicales anuncian nuevas protestas desde hoy mismo. Esta vez ni CC OO ni UGT han querido respaldar al Gobierno andaluz, como en otras ocasiones. «No nos parece que siga recayendo el mayor esfuerzo sobre el conjunto de los empleados públicos y los servicios públicos», dijo Antonio Tirado, de FSP-UGT. «La Junta nos dice que la imposición del Estado de las 37,5 horas es innegociable e inevitable», añade.

El coordinador del Area Publica de CC OO-A, José Blanco, advirtió de que si no se modifica el sablazo a las retribuciones de los empleados públicos, «se producirá una merma de los servicios y de la calidad del empleo».

«La consejería ha tenido una actitud monolítica y no ha movido ni una sola ficha; no ha habido negociación sobre el plan de ajuste ni ha habido cambio sustancial, a pesar del gesto que han tenido, totalmente insuficiente», dijo el presidente del CSIF, José Luis Heredia.

La organizaciones sindicales esperan, no obstante, introducir algunas mejoras en el trámite parlamentario del decreto ley.

Miembros de la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), en la que se integran Satse, SAE y ANPE, y el Safja se concentraron con una pitada ante la sede de la Junta para pedir estar presentes en dicha mesa. Safja pide que se tenga en cuenta las elecciones sindicales celebradas.