Compromiso formal

El Consejo de Política Fiscal y Financiera reflejó ayer la disposición de todos los gobiernos autonómicos a corregir a la baja el déficit público. El objetivo conjunto del 1,5%, señalado por el Gobierno, solo contó con la oposición de la Junta de Andalucía, a la que se añadieron las objeciones expuestas por los Ejecutivos de Cataluña, Canarias y Euskadi. Pero el acuerdo general expresado por los responsables económicos de las autonomías no puede ocultar la existencia de una inquietud aun más general en cuanto a las dificultades que entraña reducir el déficit, especialmente para aquellas comunidades cuyo desequilibrio presupuestario se encuentra más lejos del objetivo fijado. La mayoría de los gobiernos autonómicos encontrarán serios problemas para reducir su déficit sin que los ajustes afecten a la prestación de servicios públicos esenciales. Para evitar esto último cuentan solo con dos vías de actuación, el adelgazamiento estructural del sector público territorial y la implantación de medidas fiscales finalistas o de fórmulas de copago de determinados servicios. La propia naturaleza de la crisis por la que atraviesan las finanzas de las administraciones hace que lo recomendable sea procurar el equilibrio de las cuentas públicas reduciendo aquellos gastos que no ofrezcan una rentabilidad económica o social inmediata, evitando incrementar los ingresos vía impuestos por cuanto supondría detraer recursos de la economía real y familiar. En cualquier caso los planes de saneamiento autonómicos se enfrentarán al desafío de obtener resultados a corto plazo. Algo que en el plano de la deuda acumulada respecto a proveedores podrá aligerarse mediante el plan acordado también ayer. Parece inevitable que la asunción formal del déficit conjunto del 1,5% por parte de todas las autonomías menos una sufra, en el comportamiento real de los gobiernos territoriales, los efectos que induzca el diálogo entre España y la UE en relación al objetivo del 5,8% con el que Rajoy revisó la semana pasada el 4,4% fijado. Por su parte el debate suscitado -sobre todo por Cataluña y Andalucía- en cuanto al reparto del esfuerzo a realizar para la reducción del déficit entre la Administración central y las autonomías apela a la necesidad de una pronta reflexión sobre el sistema financiero en relación a la distribución competencial en el Estado autonómico.