Subasta de medicamentos

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado miércoles se publicó la Resolución del SAS por la que se convocaba la primera subasta de medicamentos, subasta limitada, por el momento, a determinados grupos terapéuticos pero con espíritu de extensión a otros muchos fármacos. De lo que se trata es que, cuando un médico recete un principio activo, las farmacias andaluzas deberán dispensar, necesariamente, la marca que haya ganado esa subasta pública. Hasta ahora, cuando el facultativo indicaba la prescripción de una estatina para controlar el colesterol o de un inhibidor de la agregación plaquetaria para prevenir la formación de coágulos, el farmacéutico andaluz, como los del resto de España, podía ofrecer al paciente cualquier marca siempre que costase lo mismo, o menos, que el precio fijado por el Gobierno central para todo el país. Todos sabemos que, cuando acudimos a la farmacia por un medicamento, pagamos, salvo que seamos pensionistas, el 40% de su coste, haciéndose cargo la administración sanitaria del 60% restante y que, durante los últimos tiempos y para poder situarse dentro de los límites del gasto farmacéutico de la administración, se había producido una gran competitividad en los precios ofrecidos por los diferentes laboratorios, tanto entre los genéricos como en los específicos, de manera que muchos fármacos se habían situado por debajo del coste establecido y, por consiguiente, se podía elegir entre una variedad de marcas para un determinado medicamento. Ahora, de un plumazo, la Administración andaluza se ha cargado la auténtica competitividad entre los laboratorios, se ha adentrado en un terreno que, en gran medida, compete al gobierno de la nación y, además, va a generar diferencias sustanciales con respecto a los usuarios, y agentes sanitarios, del resto del país. El argumento del SAS es el de reducir el gasto farmacéutico, aunque todo el mundo sabe que sobre ese gasto tiene mucho más peso el volumen de recetas que el que pueda tener el precio de los fármacos. También cabe preguntarse si algún laboratorio se va a dedicar a investigar sobre nuevos medicamentos más eficaces si, de antemano, sabe que, en poco tiempo, no podrá comercializarlos. Y, sobre todo, ¿alguien ha pensado en los puestos de trabajo que se pueden perder con la andaluza iniciativa?