SANIDAD

La Junta aprueba el pago de 57 millones de euros a Pascual

Con ello se zanja la deuda pendiente por los servicios prestados fuera del concierto sanitario, pero no resuelve la negociación que aún mantienen ambas partes

CÁDIZ Actualizado: Guardar
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El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes un expediente de gasto de 57,1 millones de euros para abonar a la empresa José Manuel Pascual Pascual, SA, la asistencia sanitaria, programada y urgente, prestada en sus centros hospitalarios de El Puerto, Sanlúcar y Villamartín. Se trata del importe correspondiente al periodo entre el 1 de noviembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, durante el que se ha realizado la actividad sin contrato. La empresa se ha visto obligada a seguir recibiendo pacientes a pesar de no haberse presentado a ninguno de los dos concurso públicos convocad0s por el Servicio Andaluz de Salud.

Esta situación ha requerido la tramitación de un expediente administrativo específico, denominado de nulidad, para poder realizar dicho abono de acuerdo con las leyes de Contratos del Sector Público y de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Para calcular la cuantía, avalada por el Consejo Consultivo, se ha tenido en cuenta la mensualidad del último concierto firmado por ambas partes, que terminó el 31 de octubre de 2015.

De esta manera el SAS da por zanjado el pago pendiente por la asistencia durante la prórroga de los servicios a la que fue necesario recurrir el año pasado tras el intento fallido de renovar el concierto. Mientras tanto, representantes de la compañía y de la Consejería de Salud dan los últimos retoques al preacuerdo que se firmó el pasado mes de diciembre. Precisamente el precio de los servicios prestados durante ese tiempo en el que no ha habido acuerdo es una de las cuestiones que se está negociando y para la que aún no se ha encontrado una solución.

El SAS ha recordado también el comunicado que ya se ha llegado a un acuerdo con la empresa para seguir garantizando la asistencia sanitaria especializada en los tres municipios gaditanos, a partir del cual se llevará a cabo un procedimiento negociado sin publicidad, fórmula prevista en la legislación vigente cuando sólo existe un único posible prestatario con la homologación necesaria. Sin embargo quedan pendientes algunos flecos por atar antes de que se publique la oferta definitiva. Cabe recordar que esos mismos asuntos que ahora se negocian fueron los que el año pasado frustraron la firma del contrato que daría estabilidad a la relación que ambas partes mantienen desde hace décadas.

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