Aprobada la Ley de Transparencia, que no afectará a los altos cargos de la Junta

El Parlamento andaluz aprobó hoy por unanimidad la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, por el que la administración autonómica tendrá que contestar en un plazo no superior a 20 días, 10 menos que la estatal, y habrá sanciones si no lo hace, algo no contemplado en la ley nacional. La Ley de Transparencia Pública crea un Consejo de la Transparencia y Protección de Datos, cuyo director será designado por el Parlamento andaluz, y prevé el derecho de cualquier persona de solicitar y tener cualquier información pública que le parezca oportuna.

El consejero de Presidencia de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, aseguró hoy que, tras el paso por el Parlamento la redacción final del proyecto que el Gobierno autonómico presentó a su tramitación el 26 de marzo ha resultado “más exigente, lo que la hace una norma ambiciosa, valiente y mucho más avanzada". Jiménez Barrios dijo también que el Gobierno andaluz trabaja ya en la redacción del desarrollo reglamentario de la ley, así como en la elaboración de una norma que regulará el Estatuto de Altos Cargos de Andalucía, que “vendrá a establecer las obligaciones de estos responsables públicos".