El Seprona detecta la edificación de casas ilegales dentro de naves para burlar la ley

Las viviendas levantadas a espaldas de la ley acapararon buena parte del tiempo invertido por los agentes del Seprona a lo largo del año pasado. La proliferación de estas construcciones y su consiguiente daño al medio ambiente se ha convertido en uno de los principales caballo de batalla de una unidad policial especializada en la defensa de la naturaleza. El número de actuaciones realizadas en 2007 dan una pista de la importancia que ha ido adquiriendo este problema. Si en 2006 el Seprona intervino en 185 ocasiones mediante denuncias por atentados contra la ordenación del territorio; al término del año siguiente este mismo capítulo se nutrió con 293 actuaciones llevadas a cabo en las dos comandancias gaditanas de la Guardia Civil.

Este balance anual también arroja detalles muy curiosos como son determinadas prácticas a las que recurren futuros propietarios con el fin de burlar la ley y no tener que enfrentarse a una orden de demolición. Una de estas trampas que ha detectado el Seprona es la edificación de viviendas dentro de naves industriales o ganaderas. Esta picaresca busca confundir a los técnicos de los ayuntamientos o de la Junta que realizan inspecciones oculares para comprobar qué tipo de construcciones se están levantando.

Los casos descubiertos por los agentes del Instituto Armado se asientan sobre suelos de uso industrial donde sí está permitida la edificación para estos fines, pero en cambio está prohibida la construcción de casas. La fachada y el aspecto exterior de este tipo de edificaciones se asemeja al de una nave, pero en el interior se habilitan estancias. Según fuentes de la Guardia Civil, los inspectores o los agentes que realizan visitas sorpresas sólo pueden descubrir la vivienda si cruzan la puerta de entrada, ya que desde el exterior sólo se aprecia una edificación de carácter industrial.

Otros de los hechos denunciados por la Guardia Civil es la instalación de las cabañas de maderas sobre suelos no urbanizables. En la Comandancia de Algeciras se han cursado incluso denuncias por publicidad engañosa. Hay empresas que tratan de captar clientela, asegurando que este tipo de inmuebles no requieren de ninguna licencia municipal y pueden ser ubicadas en cualquier sitio. Fuentes del Seprona recuerdan que pese a ser construcciones sin una vocación de permanencia, se está incurriendo en un delito cuando se asientan sobre terrenos no urbanizables.

Otra treta que busca resquicios en las normas urbanísticas es habilitar una vivienda en el interior de casetas de obra. El fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, recuerda algún caso similar e insiste que este tipo de edificaciones, pese a su carácter eventual, no están permitidas.

Focos de atención

Las denuncias formuladas por el Seprona se han centrado sobre todo en las zonas del litoral y en la comarca de la Janda, en el caso de los agentes dependientes de la Comandancia de Cádiz. En cambio, sus compañeros de la Comandancia de Algeciras, con competencia territorial en el Campo de Gibraltar, han visto como este tipo de edificaciones fuera de planeamiento han crecido significativamente en lugares que tienen una especial protección normativa por su valor ecológico, como son los parques naturales del Estrecho y Los Alcornocales.

En busca de lo barato

La mayoría de los propietarios que se han visto inmersos en un proceso judicial por haber cometido un delito contra la ordenación del territorio, había infringido la ley para construirse una segunda residencia. Pero desde el Seprona alertan que este fenómeno también está sirviendo de alternativa para aquellos que buscan una solución rápida al problema de la carestía de la vivienda. Así, advierten cómo están aumentando las urbanizaciones ilegales cercanas a los núcleos de población, cuyos propietarios han adquirido una casa a un precio inferior para establecer su residencia habitual.

La diferencia de gasto entre una casa regularizada y otra al margen del PGOU es más que significativa en lo referente a trámites notariales, inscripciones en el Registro o el pago de tributos municipales. Estos gastos iniciales, que sólo afrontan los compradores de inmuebles legales, les obliga a ampliar el importe de las hipotecas que solicitan a las entidades bancarias para hacer frente a estas cuantías.

Además del incumplimiento de los planeamientos urbanos de los municipios, en el Seprona prestan especial atención al daño que genera este fenómeno al entorno natural: pozos ilegales, desviación de cauces, vertidos incontrolados o la ocupación de vías pecuarias son algunos de los efectos denunciados por el Instituto Armado.

Las mismas fuentes consultadas coinciden en el análisis que viene realizando, año tras año, el fiscal de Medio Ambiente en sus memorias anuales, acerca de la pasividad mostrada por los ayuntamientos o la falta de dureza de las sentencias judiciales, que hasta al año pasado no ordenaban la demolición de lo construido. Por eso, desde el Seprona aplauden el cambio de criterio experimentado por la Audiencia Provincial. A principios de año, la Fiscalía contabilizaba 20 órdenes de derribo que ya son firmes y que van a afectar a inmuebles ubicados en Sanlúcar, El Puerto, Chiclana, Barbate y Tarifa.

Pero no fue hasta enero de 2007 cuando la Audiencia dictó la primera sentencia que incluía la demolición de una vivienda; en concreto, un chalé en Zahora. Hasta entonces, los propietarios que eran denunciados sólo eran castigados con multas económicas, ya que las penas de cárcel impuestas por atentar contra la ordenación del territorio permiten eludir la prisión para aquellos que no tienen antecedentes, que en estos casos son la inmensa mayoría.

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