Se busca: los fugados de la Justicia más sonados de Cádiz

Esta semana, Policía Nacional y Guardia Civil han confirmado la detención en suelo gaditano de dos «peligrosos» delincuentes buscados por autoridades extranjeras. Un ladrón británico, especialista en asaltar viviendas, y un supuesto traficante holandés-libio de armas y cocaína.

El primero cayó por incurrir en un despiste impropio de un profesional del lado oscuro: alojarse en un hostal mostrando su verdadera documentación. Los cotejos rutinarios que hacen los cuerpos policiales de los huéspedes que se alojan en establecimientos hoteleros fue lo que activó la alarma. La Guardia Civil solo tuvo que esperar a Stephen Michael Shaw en la puerta del hostal para proceder a arrestarlo.

En el segundo caso, Zakaria Koleilat intentó burlar los controles fronterizos en Tarifa, pero no pudo.

Fue identificado antes de que embarcara con destino a Tánger. Su intención era salir de Europa para ocultarse en el vecino Marruecos.

Estos son solo dos asuntos en una semana en la que Guardia Civil y Policía Nacional han informado de hasta cuatro fugitivos detenidos. Esta coincidencia puede llevar a la conclusión de que existe un trabajo intenso para localizar a personas que eluden la Justicia, haciendo oídos sordos a citaciones judiciales o ingresos en prisión. Pero la realidad es que estas burlas al sistema judicial no son infrecuentes. En la provincia de Cádiz hay en estos momentos tres casos activos que son paradigmáticos. Son el mejor ejemplo de cómo un requiebro a la decisión de un juez no es una tarea complicada.

Tres grandes escándalos

Bajo el epígrafe de los más buscados en Cádiz podrían colocarse las fotografías del exdelegado de la Zona Franca (ZF), Manuel Rodríguez de Castro; del empresario Jenaro Jiménez y del agente inmobiliario Luis Manuel García. Los tres deberían estar cumpliendo condena en estos momentos. Son protagonistas de tres grandes escándalos vividos en una ciudad poco acostumbrada a los sobresaltos como Cádiz. Pero todos hicieron mutis por el foro y a día de hoy se desconoce su paradero.

Tras ellos dejan un escándalo mayúsculo en la gestión de fondos públicos en una institución como la Zona Franca de Cádiz y varias decenas de estafados que se quedaron sin el premio de consolación de ver, al menos, a los responsables de operaciones bancarias e inmobiliarias fraudulentas purgando sus pecados entre rejas. «De recuperar el dinero, ya ni nos lo planteamos», dice una de las víctimas de Luis Manuel García, el embaucador agente inmobiliario que logró vender los mismos cinco pisos a 20 familias que aún siguen esperando lo que invirtieron hace más de seis años.

Manuel Rodríguez de Castro

Fue exdelegado especial de la Zona Franca entre 1996 y 2001. Ascendió a ese cargo con la primera victoria de José María Aznar. En su blog se presenta de manera amable como economista, empresario y político español de amplio curriculum, cuajado de másteres. Cuando llega al capítulo de su paso por la ZF, describe su gestión sin modestia alguna:

«Promovió e invirtió más de 200 millones de euros en la Bahía de Cádiz, la zona de España con mayor nivel de desempleo, contribuyendo durante cinco años al desarrollo de varios parques empresariales y a la creación de nuevas empresas que generaron un incremento anual promedio del 12% en nuevas contrataciones de personal, así como al desarrollo tecnológico y a la facilitación de programas de crédito mediante acuerdos con entidades financieras que llegaron a 500 millones de euros entre BBVA, Santander y Unicaja».

Este resumen de su etapa gaditana no concluye con las denuncias de malversación de caudales públicos y las condenas por el 'caso Rilco' tanto en la vertiente penal como contable.

Desde que en 2005 Rodríguez de Castro fue denunciado y comenzó a ser investigado, no se acordó ninguna medida privativa de libertad ni tan siquiera de restricción de movimientos. Fuentes judiciales confirma que tiene en su poder hasta el pasaporte que le podría haber permitido salir del país antes de que la Audiencia Provincial dictara en marzo la orden de detención para ser conducido a prisión.

La decisión del tribunal gaditano se produjo tras confirmar el Tribunal Supremo (TS) la pena de ocho años de cárcel por el 'caso Rilco'. Tras conocerse la noticia de que había sido puesto en busca y captura, el exdelegado de la Zona Franca envió un comunicado a los medios, asegurando que estaba en España y que esa orden le producía «indefensión».

Ya han pasado tres meses y no hay ni rastro del exdelegado de la Zona Franca, quien además de la pena por el caso Rilco, tiene pendiente la imputación por el otro gran escándalo de la Zona Franca (Quality), el pago de 1,6 millones decretado por el Tribunal de Cuentas y ratificado por el TS y una segunda condena menor, de un año y medio, por ocultarle al fisco casi 500.000 euros en su declaración de 2003.

En este tiempo no ha respondido aún al mandato judicial, pero el exdelegado de la Zona Franca sí mandó un segundo comunicado de prensa para criticar al PSOE, desafiando así a la Audiencia y a los cuerpos policiales que deben darle caza.

Jenaro Jiménez

Este caso tiene el agravante de la reincidencia. El empresario que se hizo conocido en el país por su rocambolesca desaparición, que al final resultó ser una coartada para fugarse a Sudamérica, tiene en vigor dos órdenes de búsqueda y captura.

Una de ellas reclama que ingrese en prisión y cumpla una condena de dos años por engañar a un cuñado con la venta de un piso dos días antes de su extraña desaparición en Zahara de los Atunes. Después se supo que los 47.000 euros que le había entregado su familiar fue parte del dinero que acumuló para su aventura americana.

Días después de que un juzgado de Cádiz dictara esa primera orden, otro juez firmaba una segunda porque no había comparecido a declarar como imputado. Los cuerpos policiales saben desde febrero que en caso de identificarse a una persona como el empresario gaditano, debe ser entregado a la autoridad judicial de manera inmediata para que sea conducido a prisión.

«Éste se habrá ido con un pasaporte falso al extranjero. Le salió bien una vez, cuando le dieron por muerto y había conseguido viajar hasta Paraguay con otra identidad. Me imagino que ahora se cuidará de no asentarse en una ciudad grande. Pero no me extraña que esté allí porque dejó mujer e hijo». Es el testimonio de uno de los afectados, cuyo caso está completamente paralizado en los juzgados por culpa de la fuga del empresario.

No tienen esperanzas de que la Policía o la Guardia Civil puedan dar con él. Las pesquisas se suelen limitar a verificar que no se encuentra en sus domicilios conocidos y a estar atentos a cualquier pista que pueda surgir, pero poco más.

En la anterior ocasión que Jenaro cruzó el charco, fue localizado y pudo ser detenido gracias a la intervención de un amigo, que le convenció para que se entregara e hiciera frente a los problemas que había dejado en Cádiz. Si no hubiera mediado esa persona, parece poco probable que se hubiera destapado la verdadera historia del empresario que una vez fingió su muerte.

Luis Manuel García

«Solo podemos esperar a que cometa un error. Es la única manera de que puedan detenerlo. Nos creemos que las órdenes de búsqueda y captura son como las pintan en las películas, pero no es así. No hay una búsqueda activa, todo pasa por que ellos metan la pata».

A este gaditano se le ha agotado la paciencia, la esperanza y la confianza en la Justicia. Lleva más de seis años esperando que Luis Manuel García le devuelva el dinero que le entregó en concepto de señal por la compra de un piso. El estafador del caso ‘Red Casa’ fue condenado a seis años de cárcel. El año pasado, la Audiencia Provincial ordenaba su detención para que fuera enviado a prisión. Había desestimado su último intento por eludir la cárcel por los cauces legales: solicitar el indulto y suspender la ejecución de la condena mientras el Consejo de Ministros resolvía.

La Fiscalía subrayaba la falta de arrepentimiento que había mostrado Luis Manuel García en su informe desfavorable a que permaneciera más tiempo en libertad. Entre otros detalles, no había devuelto ni un solo euro a los afectados.

Fue detenido en 2009 y apenas pasó varios meses en la cárcel. Condenado en 2012 por la Audiencia, este estafador dilató el proceso lo máximo posible hasta que le llegó la orden de que empezara a rendir cuentas. Para entonces, ya no estaba.