El saqueo de la Zona Franca

Esta semana se ponía fin a la investigación judicial del 'caso Quality Food', el segundo gran agujero económico -tras el desastre de Rilco- que se abrió en las cuentas del consorcio de la Zona Franca en la década pasada.

En un auto demoledor, la instructora de las diligencias, la magistrada Rosa María García Jover del juzgado de Instrucción nº 3 de Cádiz, concluye que el exdelegado especial del recinto fiscal, Miguel Osuna, en connivencia con el entonces jefe de gabinete y hoy director del Consorcio, José Manuel Fedriani (a día de hoy aún en el cargo) facilitaron al empresario y militante del PP, Manuel García Gallardo, el desvío de caudales públicos para sufragar sus aventuras empresariales y otros fines personales.

La jueza no se anda con rodeos en su escrito que cierra las diligencias previas: «Toda esta trama y juego de corruptelas finalmente devino en el hundimiento económico de Quality cuando se descubrió que tras la fachada de una empresa de éxito se había creado un complejo entramado, el cual a lo largo de un dilatado periodo de tiempo gozó de ayudas públicas y beneficios que eran desviados de forma sistemática hacia otros fines sin que los mecanismos de control existentes fueran conscientes de la ilegalidad».

La instructora mantiene la imputación de ocho personas, los tres antes mencionados, los padres y la hermana del empresario, un testaferro y el director de una sucursal bancaria que facilitó las operaciones que sirvieron para ir esquilmando los fondos públicos. Según recoge el auto, la familia Gallardo firmó préstamos personales cuyas imposiciones repercutían en empresas del grupo Quality, que a su vez estaban siendo sostenidas con dinero público.

Fiascos subvencionados

La aventura Quality acabó con una operación temeraria que supuso la compra por parte del Consorcio del 52% de las acciones de una empresa que estaba quebrada. La orden la dio Osuna y lo hizo adquiriendo las acciones por el triple de su valor real, dando por buena los informes maquillados que había presentado García Gallardo.

Desde el punto de vista empresarial, la adquisición era todo un fiasco y ocasionó un quebranto millonario en el Consorcio. Con dinero público se pagaron 5,4 millones a una empresa que arrastraba pérdidas por valor de 5,6 millones; y a pesar de que una valoración independiente había alertado a la dirección de Zona Franca que esa firma de alimentos precocinados no valía más de 1,4 millones de euros.

Éste fue el precio del rescate de una empresa privada de dudoso interés público y que antes de llegar a ese punto, había sido regada con millonarias ayudas que nunca lograron transformarla en una compañía dinamizadora de empleo y actividad empresarial. Por citar un par de ejemplos, entre abril y diciembre de 2001, el Consorcio aprobó préstamos por importe de 244 millones de las antiguas pesetas (un millón y medio de euros aproximadamente).

En 2005, Osuna denunció ante los tribunales que había sido engañado por García Gallardo. Sin embargo, en 2012 un informe de la Abogacía del Estado, que le dio al caso un giro de 180 grados, afirmaba que el empresario había contado con la colaboración del exdelegado especial en el saqueo de la Zona Franca.

La instructora considera probada indiciariamente la tesis de la Abogacía, pero será la Audiencia Provincial la que dicte sentencia. Osuna ya fue absuelto por el ‘caso Rilco’. Si bien no ha sido excusado de los graves perjuicios económicos causados al recinto fiscal. Hasta ahora la Justicia lo considera un gestor negligente.

Cooperación municipal

En cuanto a los apoyos que pudo tener García Gallardo, la jueza va más allá y señala al Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por los populares, como un colaborador más. El objetivo era beneficiar al entonces pujante empresario y militante del PP. Solo hay que recuperar las crónicas de hace unos años para leer cómo el Gobierno local presentó el proyecto Quality como un gran revulsivo para el débil tejido industrial de Cádiz. El propio García Gallardo lo reconocía ante la jueza. «Todo fueron parabienes, ayudas y subvenciones para la financiación de la causa, accediendo a mecanismos de financiación que en condiciones normales le hubieran estado vetados», señala el auto.

El cierre de la investigación no significa que el asunto se resuelva en las próximas fechas. Se avecina una nueva batería de recursos que seguirán entorpeciendo la instrucción de un caso que ha cumplido diez años de instrucción.

Si bien, con este último auto se arroja luz a una turbia etapa en el Consorcio de la Zona Franca cuando estuvo dirigida por Manuel Rodríguez de Castro, desde 1996 a 2011, y su sucesor, Miguel Osuna, sustituido en 2004. Ambos delegados, elegidos por el PP, demostraron una nefasta gestión al frente del recinto. Ambos deben pagar 4,3 millones de euros por el 'caso Rilco', otro proyecto empresarial que fue vendido como una gran oportunidad para Cádiz y que se quedó en un cajón guardado.

En busca y captura

En la vía penal, Rodríguez de Castro fue condenado además a ocho años de cárcel, que no cumple porque está en busca y captura. Los tribunales lo consideran culpable de haberse apropiado de las subvenciones millonarias que recibió Rilco, un portal de comercio electrónico con Iberoamérica.

Nada resume mejor los años más oscuros de la Zona Franca que una aseveración realizada por el magistrado del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido, que fue ponente de la sentencia que confirmó la condena de Rodríguez de Castro: «Nada lesiona más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes públicos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos deberían ser los primeros custodios».