El Gobierno propone a Carmen Amores para dirigir la radiotelevisión regional

El Gobierno regional quiere resolver cuanto antes el cambio de dirección en el ente público de Radio Televisión Castilla-La Mancha y, a pesar de que tiene que ser el Consejo de Administración el órgano que proponga al nuevo director general, ayer, en el Consejo de Gobierno ya se decidió que sea Carmen Amores García quien sustituya a Ignacio Villa al frente de la radiotelevisión regional, «de manera transitoria».

El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, que se estrenaba en esta función, aseguró que se han dado los primeros pasos para el inicio del cese de Nacho Villa como director general de RTVCM. De esta forma, el Gobierno se ha puesto en contacto con la presidenta del Consejo de Administración en funciones del ente público para pedirle una reunión de carácter extraordinario para que puedan elaborar un informe consultivo, aunque no vinculante, sobre el cese de villa y la propuesta de nombramiento de Carmen Amores como directora general de forma transitoria.

Sobre Amores, el portavoz regional destacó que es una «persona de la casa» y cuyo objetivo será «devolver el prestigio y la dignidad al ente público».

El nombramiento de Carmen Amores tendrá que ser aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha, aunque Hernando reconoció que será «un nombramiento transitorio para responder a la urgencia de la decadencia que ha sufrido RTVCM».

La intención del Ejecutivo socialista es reformar la legislación de manera consensuada en materia del nombramiento de directores generales del ente público.

Page «se salta la ley»

Desde el Partido Popular criticaron duramente esta decisión del Gobierno de García-Page, «ya que se salta la ley al no nombrar al Consejo de Administración en el inicio de legislatura».

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Carlos Velázquez, reprobó que el Consejo de Administración saliente tenga que cargar con un informe «que es, cuanto menos, irregular».

Y denunció que «Page demuestra su actitud soberbia, sectaria y antidemocrática, con desprecio a las formas y procedimientos que establece la legislación vigente».

El dirigente popular recordó que el mandato del director general tiene una duración de cuatro años y que al finalizar la legislatura el director general termina automáticamente su mandato y se mantiene a la espera de que el nuevo Consejo de Administración proponga al Consejo de Gobierno al nuevo director general del Ente Público.

Otros acuerdos

El Consejo de Gobierno, en su reunión de ayer, aprobó otros acuerdos relacionados con la Educación, la Dependencia y los conductores de la Junta. En los tres casos de trata de deshacer lo que aprobó el anterior Gobierno del Partido Popular.

En el caso de la Ley de Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), el Consejo acordó solicitar al presidente del Senado la convocatoria urgente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para evaluar su proceso de implantación. Según Hernando, en Castilla-La Mancha se mantiene una actitud crítica pero constructiva sobre esta ley. «No somos insumisos, respetamos y aplicamos la ley, aunque mantendremos ese margen de actuación para que no se tomen medidas irreversibles en una ley que seguramente tenga una fecha de caducidad muy cercana», indicó el portavoz regional.

Respecto a la Ley de Dependencia, Nacho Hernando explicó que se ha acordado desistir en el recurso de casación que el Gobierno de Cospedal interpuso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que anulaba la orden «por la que se establecían recortes en los servicios y prestaciones contempladas en la Ley de Dependencia». Insistió en que «el compromiso de este gobierno con las personas con capacidades diferentes es esencial y desistir en este recurso es uno de los primeros pasos que se toman para devolverles la dignidad».

Y el tercer acuerdo se refería también a desistir en otro recurso que el anterior Gobierno puso en marcha contra la sentencia que declara la nulidad del Plan de Recursos Humanos del Personal de los Parques Móviles de Servicios Generales Provinciales de la Junta de Comunidades.

Según el portavoz, «no vamos a permitir lo que se venía realizando en la anterior gestión en la que los conductores de la Junta eran puestos a dedo y se ninguneaba a los funcionarios que habían obtenido su plaza como era debido».