La Fiscalía estudia si los tuits ofensivos encajan en el delito de incitación al odio

La supuesta impunidad de las redes sociales y el anonimato constituyen el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de comentarios ofensivos en las redes sociales. Los últimos, contra el torero Víctor Barrio y su familia, no van a salir gratis a quienes desde la muerte del diestro el sábado han proferido todo tipo de expresiones vejatorias e injuriosas contra él y su familia.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía ya se han puesto manos a la obra para tomar las medidas legales oportunas contra quienes, amparándose en una supuesta libertad de expresión, han podido traspasar la línea que separa lo reprobable y lo delictivo. Así, el mismo día en que el Ministerio Público mantenía su petición de un año y ocho meses de cárcel para el cantante de Def con Dos por enaltecimiento del terrorismo, y tan solo un día después de que la Audiencia Nacional decidiera enviar a juicio al edil Guillermo Zapatapor humillación a las víctimas del terrorismo en las redes, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ordenaba recopilar todos los comentarios ofensivos que se han vertido en las redes sociales contra el torero y su familia para actuar, en su caso.

Firmas en change.org

Uno de los más llamativos es el de Vicent Belenguer, el profesor que no solo asegura alegrarse de la muerte de Barrio sino que lamenta que «de la misma cornada no hayan muerto los hijos de puta que lo engendraron y toda su parentela (…) Bailaremos sobre tu tumba y nos mearemos en las coronas de flores que te pongan, cabrón». Al mediodía de ayer, la plataforma change.org ya había recogido 157.000 firmas para inhabilitarle en el ámbito de la enseñanza.

Tanto la unidad de la Fiscalía contra el cibercrimen como la dedicada a los delitos de odio se emplean diariamente a fondo para dar respuestas judiciales a tuits ofensivos. En el caso concreto de Barrio, fuentes próximas a Justicia aseguraron que se está estudiando el posible encaje penal de algunas de estas expresiones en el delito de incitación al odio que recoge el Código Penal desde la reforma de 2015 ante la profiferación de los insultos en las redes. Se trata de un fenómeno relativamente nuevo que habrá que ir «limando» a golpe de jurisprudencia, dicen los expertos.

Y es que no está nada claro que un castigo que se ha planteado para los colectivos más vulnerables se pueda extrapolar a oficios concretos. Este artículo castiga con pena de prisión de uno a cuatro años a quienes fomenten o inciten al odio o violencia contra personas o grupos sociales «por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad».

En cualquier caso, y al margen de que la Fiscalía o la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía (UIT) puedan actuar de oficio por delitos de humillación u odio, y con independencia de que las ofensas se produzcan en la web, el Código Penal se puede quebrantar dentro y fuera de la red con idénticos resultados para el que ofende. O más perjudiciales incluso, por el efecto multiplicador (publicidad) que tienen las redes sociales. En este sentido, y aunque el infractor se ampare en el anonimato, su huella digital, su rastro, es imborrable. Las denuncias por injurias o calumnias en la red están a la orden del día.