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Vídeo: 12 niños asestan una paliza a una menor de 8 años en el patio del colegio - ATLAS

La familia de la niña agredida en un colegio de Palma presentará una querella contra tres docentes del centro

El abogado que lleva el caso también anuncia una futura demanda contra el consejero de Educación del Gobierno balear por presunta prevaricación

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Los padres de la niña de ocho años que el pasado 5 de octubre fue agredida por varios compañeros en el colegio Público Anselm Turmeda de Palma presentarán, en principio mañana jueves, una querella contra la directora del centro y contra las dos profesoras que aquel día se encontraban vigilando el patio. Así lo han avanzado este miércoles los progenitores de la menor en una rueda de prensa conjunta ofrecida con el abogado de la familia, Marcos García-Montes. El letrado también ha anunciado otra demanda más adelante, en este caso contra el consejero de Educación del Gobierno balear, el socialista Martí March, por presunta prevaricación.

Por lo que respecta a la querella contra las tres docentes, la familia les atribuye los delitos de coacciones, trato degradante en forma de omisión y lesiones graves.

Además, se hace responsables civiles subsidiarios al propio centro y a la Consejería de Educación. Según ha explicado García-Montes, la citada demanda se basa en dos informes médicos elaborados por el Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital de Son Espases, que fue el que atendió a la menor.

Cabe recordar que tras la agresión, fue la propia madre de la niña la que llevó personalmente a su hija a Son Espases, en donde quedó ingresada un día. Con posterioridad, la menor fue atendida de nuevo. «La persona que diga que la niña tenía lesiones leves o que no tenía lesiones, o es un ignorante o es un malintencionado», ha afirmado esta mañana el abogado de la familia, para añadir: «Y si quiere que se querelle contra nosotros o en todo caso contra los médicos que han manifestado todo ello».

La agresión de la menor tuvo lugar aquel 5 de octubre por la disputa de un balón, instantes después de que hubiera acabado el recreo matutino. A raíz de dicho suceso, la Consejería de Educación elaboró un informe, que concluyó que no hubo «intencionalidad previa» en la agresión, descartó «completamente» que se tratase de un caso de acoso y confirmó que en el momento del ataque había dos profesoras de vigilancia en el patio.

En dicho informe se dejaba entrever, asimismo, que las lesiones de la niña habrían sido leves. Por lo que respecta a los siete menores implicados en el suceso, de entre 8 y 12 años de edad, sólo fueron suspendidos del derecho de asistencia al centro durante un periodo de entre tres y cinco días. «¿Por qué en vez de expulsarlos tres o cuatro días, no los expulsaron definitivamente?», se ha preguntado este miércoles la madre de la menor agredida.

La niña se reincorporó finalmente a las clases el pasado 24 de octubre, si bien lo hizo en un nuevo centro escolar. La Consejería de Educación atendió así la petición formulada por la familia. La hermana de 12 años, que también estudiaba en el colegio Anselm Turmeda, fue igualmente trasladada al citado nuevo centro.

García-Montes había anunciado inicialmente, el pasado 22 de octubre, la interposición de tres denuncias. En concreto, una ante la Fiscalía de Menores contra uno de los presuntos autores de la paliza, que según el abogado tendría 15 años, «por delito de homicidio en grado de tentativa y/o lesiones graves»; otra contra la directiva del colegio, por «presuntas infracciones penales», y la última, por «prevaricación», contra la Consejería de Educación. « Nadie se va a ir de rositas», afirmó García-Montes hace dos meses.

El consejero de Educación señaló entonces que respetaba las decisiones que pudiera tomar la familia, aunque no las compartía. Asimismo, negó que en el colegio Anselm Turmeda estuviera matriculado algún menor de 15 años. March también señaló, en respuesta a algunas críticas recibidas, que su departamento estuvo en todo momento en contacto con los padres de la niña agredida.

En la comparecencia de este miércoles, García-Montes ha reconocido que «no podemos querellarnos contra los menores porque los hechos se han cometido en un centro público».

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