Cuatro farmacéuticas acuerdan un pago de 260 millones por la epidemia de los opiáceos en Ohio
Las empresas afrontaban la posibilidad de ser sancionadas con unos 8.000 millones de dólares
Cuatro compañías farmacéuticas que distribuyen opiáceos llegaron ayer a un acuerdo extrajudicial con dos condados de Ohio (EE.UU.) por el que se comprometen a pagar 260 millones de dólares en relación a la epidemia de sobredosis desatada por el abuso de estos fármacos.
El acuerdo se logró «in extremis» con las autoridades de los condados de Cuyahoga y Summit, solo una hora antes de que las partes se encontraran en un juicio con jurado y comenzaran a exponer sus versiones y discutir pruebas. El logro, sin embargo, es apenas un escarceo dentro de la guerra judicial que viven farmacéuticas y afectados. La vista sobre Cuyahoga y Summit era solo el comienzo de un «macrojuicio» federal en el que más de 2.400 municipios, condados y tribus nativas aparecen como demandantes frente a un grupo de farmacéuticas. Además, tampoco afecta a todas las compañías implicadas en la demanda.
La crisis de los opiáceos acumula 200.000 muertes en las últimas dos décadas por sobredosis de fármacos prescritos, y otras 200.000 más por la misma razón con heroína y fentanil ilegal, cuyo uso se ha disparado después de que mucha gente se enganchara a los medicamentos con receta y acabara pasándose a drogas ilegales.
El juicio de este lunes era un «caso de referencia», en el que la discusión de las pruebas serviría para determinar el resto del «macrojuicio». Los demandantes pedían una compensación de más de 8.000 millones de dólares por las muertes ocurridas en su condado.
Las compañías que han aceptado el acuerdo son las tres grandes distribuidoras de fármacos en EE.UU. -McKesson, AmerisourceBergen y Cardinal Health- además de la farmacéutica israelí Teva Pharmaceuticals. Otra demandada, Henry Schelin Medical, había anunciado antes otro acuerdo extrajudicial de 1,25 millones. Quien no se sumó al acuerdo fue Walgreens , el gigante de las farmacias, cuyo caso se ha pospuesto.
El juez federal del caso decidiría qué cantidad de los 8.000 millones exigidos acabaría por imponerse
Es difícil prever cómo afectará esta negociación al resto del «macrojuicio», pero denota que las compañías están abiertas a negociar antes de enfrentarse a un jurado . El juez federal del caso, Dan Aaron Polster, había decidido que si el jurado declaraba culpables a las empresas, él decidiría qué cantidad de los 8.000 millones exigidos acabaría por imponerse.
En otra batalla legal separada, un juez de Oklahoma declaró de impulsar la epidemia de opiáceos y le impuso una indemnización de 572 millones de dólares por considerarle responsable de «alterar el orden público» (la farmacéutica ha recurrido la sentencia). La misma base de alteración del orden público es lo que buscan los demandantes en el juicio de Ohio. Se les acusa de ignorar cómo se desarrollaba la crisis de opiáceos, de mandar millones de fármacos a regiones que era obvio que no las necesitaban para tratamientos médicos adecuados y de mirar para otro lado cuando muchos de esos medicamentos acababan en el mercado negro.
Hubo un amago de entendimiento con el pago de 48.000 millones que al final no se pudo consolidar
Aunque parece que las compañías se inclinan por convenir pagos y no llegar a juicio -Purdue Pharma llegó a un acuerdo provisional para todo el país de 12.000 millones de dólares el mes pasado-, todavía no se ha llegado a un acuerdo global para evitar este «macrojuicio», a pesar de las intensas conversaciones entre demandantes y farmacéuticas durante el fin de semana, impulsadas por Polster. Hubo un amago de entendimiento con el pago de 48.000 millones que al final no se pudo consolidar.
«Es un acuerdo significativo y de referencia en la historia de la epidemia de opiáceos», reaccionó el abogado de los demandantes en el juicio de ayer, Paul Farrell. «Hemos sido capaces de lograr un impacto significativo en las comunidades de los condados de Cuyahoga y Summit».
«Ya basta», dijo la representante ejecutiva del condado de Summit tras el anuncio del acuerdo. «Tenemos a gente muriendo en las calles ».
El acuerdo no parece del todo negativo para las compañías: no se arriesgan a la decisión de un jurado popular , la compensación es menor de la que podría imponer el juez, ganan tiempo frente a próximas batallas y en sus términos no admiten la comisión de un delito. Algunas familias de fallecidos por sobredosis han protestado por esa falta de admisión, que les hubiese ayudado a cerrar la herida de la muerte de sus familiares.
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