Baleares pide la declaración de «zona gravemente afectada» por el reciente temporal de nieve

La portavoz del Ejecutivo balear, la socialista Pilar Costa, ha anunciado este viernes que el Consejo de Gobierno autonómico ha acordado solicitar al Consejo de Ministros que declare todo el territorio de Baleares «zona gravemente afectada» por una emergencia de protección civil. En concreto, por los daños que ocasionó en el Archipiélago el temporal de nieve, lluvia y viento que padecieron las Islas —en especial Mallorca— entre el 17 y el 24 de enero.

A lo largo de la pasada semana, la nieve obligó a cortar nueve carreteras de Mallorca y también a suspender las clases en diversos colegios del interior de la isla durante una jornada. Además, los embalses mallorquines del Gorg Blau y de Cúber llegaron al 100 por cien de su capacidad, por lo que el excedente de agua tuvo que ser desviado de forma controlada a diferentes torrentes de la isla.

Asimismo, se produjeron desprendimientos de rocas y árboles en distintos municipios, así como inundaciones en varias cosechas.

Uno de los incidentes más destacados se produjo en el municipio mallorquín de Capdepera, en concreto en la zona de Cala Rajada, en donde el temporal destrozó una parte del dique marítimo ubicado en ese núcleo turístico. El pasado sábado, además, se cancelaron las conexiones marítimas de Ibiza con Mallorca y la Península. Tan sólo se pudieron cubrir dos rutas entre Ibiza y Formentera.

Según ha explicado Costa este viernes, la declaración se tendrá que elevar al Consejo de Ministros a través de la Delegación del Gobierno en Baleares, debiendo incluir todas las ayudas y las medidas económicas previstas en la Ley 17/2015 y el Real Decreto 307/2005 por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de emergencia o de naturaleza catastrófica.

Restablecer la normalidad

Según este ordenamiento legal, es pertinente dictar esta declaración, en todo caso, cuando se produzcan daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada y cuya magnitud requiera la intervención del Estado, a través de las correspondientes medidas de recuperación, con el fin de restablecer la normalidad de la zona siniestrada.

El importe de las ayudas económicas se calculará a partir de las cuantificaciones de daños aportadas por personas físicas o jurídicas, referentes a daños materiales que comporten reparación de viviendas, industrias o instalaciones. La misma reglamentación indica que las ayudas se podrán dar como subvención directa, como bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social o como bonificación de las cuotas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El citado acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico también insta al Consejo de Ministros a que adopte todas las medidas que procedan para la recuperación íntegra de los daños sufridos por el territorio de Baleares a consecuencia del temporal padecido la pasada semana. Entre dichas medidas se deberían incluir las que se puedan considerar complementarias de las que prevé la legislación vigente.