El aborto de la actriz Carolina Sabino reabre la polémica en Colombia

Un día después de que las autoridades colombianas anunciaran que iban a procesar a la actriz colombiana Carolina Sabino por haberse sometido a un aborto voluntario, el Fiscal General, Eduardo Montealegre, se arrepintió de lo dicho y suspendió la solicitud de imputación contra la reconocida actriz.

«Asumiré el estudio de los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión que adoptó una fiscal dentro del ámbito de su autonomía (...) soy el primero en censurar el manejo inadecuado de esta información al interior de la entidad. Nunca autoricé la divulgación de la decisión tomada», afirmó Montealegre en un comunicado.

La reacción contra el caso fue mayúscula. En Colombia la vida privada suele respetarse. Para muchos el Fiscal quiso levantar una cortina de humo con este tema pues está en el ojo del huracán luego de que se descubriera cómo ha venido contratando personas ajenas a la Fiscalía por casi un millón de dólares.

«Me sorprende que un episodio tan personal y doloroso sea expuesto a la ciudadanía, sin tener consideración con mi familia», señaló la artista en su cuenta de Twitter.

Del aborto se supo por interceptaciones telefónicas que tenían que ver con el proceso de paz con las guerrillas que se adelanta en La Habana, Cuba, desde hace tres años. Una de las personas investigadas en ese proceso es pariente de la actriz. En medio de los seguimientos que la Fiscalía hizo, grabó una conversación telefónica en la que Sabino le cuenta a su media hermana Lina Luna que está embarazada y preocupada porque su carrera se podría complicar.

Según las evidencias, Sabino, se habría practicado un aborto, lo que es un delito pues en Colombia el aborto sólo se puede autorizar en caso de riesgo para la salud de la madre, malformación del feto o violación. Ninguna de las tres causales podía aplicársele a Sabino.

«Quiero tener una discusión seria y académica en el país para presentar un proyecto de ley que avance en la protección de los derechos de la mujer a interrumpir el embarazo», argumentó el Fiscal. Pero la petición fue unánime: la vida privada se respeta independientemente de las discusiones filosóficas.