La Fiscalía acusa al Ayuntamiento de dilatar el proceso judicial a los policías que filtraron exámenes

La queja es directa hacia la actitud del Ayuntamiento de Sevilla en el procedimiento judicial contra los policías locales que supuestamente filtraron el examen de las oposiciones de acceso al Cuerpo en 2012 y los que se beneficiaron. En un nuevo escrito realizado por la fiscal del caso, Ana María Linares, para resolver los recursos planteados por todas las partes, al que ha tenido acceso ABC, el Ministerio Público reprocha al Ayuntamiento que el recurso de apelación interpuesto por su letrado contra el auto de procedimiento abreviado en defensa de un miembro del tribunal imputado tiene «finalidad claramente dilatoria y obstaculizadora del procedimiento, pues no añade dato nuevo alguno de naturaleza objetiva que desvirtúe en lo más mínimo las razones sustentadoras del auto recurrido».

La fiscal, por tanto, lo desestima en su totalidad y, a lo largo del escrito, reitera la necesidad de no dilatar más la instrucción. Es decir, remite a los imputados a plantear todas las diligencias que han propuesto en sus recursos al acto del juicio oral. Y en su respuesta a todas las partes, vuelve a realizar una narración muy detallada de todo lo que, a juicio de la Fiscalía, ocurrió en aquellas polémicas oposiciones.

Correcciones al alza

En primer lugar, Linares explica que las correcciones del caso práctico «presentan en ocasiones correcciones a lápiz en las que se puede observar en algunos casos borrado de la nota original y corrección numérica al alza o a la baja que presenta gran disparidad con la nota inicial. O que respuestas aparezcan corregidas con notas de bien, mal o regular, y la nota final resulte de una decimalidad escrupulosa». Incluso, sostiene la fiscal, «hay ejemplos de respuestas sin corregir que aparecen con dicha decimalidad escrupulosamente ajustada y cuadrada en la nota final». Todas estas circunstancias se consideran «indiciarias y avalistas del amañamiento de las correcciones para favorecer a determinados opositores previamente seleccionados».

El relato del Ministerio Público en cuanto a cómo se produjo la supuesta filtración vuelve a acogerse a lo descrito por el juez instructor: «Los imputados Juan José García —superintendente de la Policía Local— y Gabino Saavedra —otro mando policial— tenían intención expresa de favorecer en este proceso selectivo a determinados opositores, sin consideración alguna a los requisitos de mérito y capacidad». Para ello, facilitaron «las preguntas y respuestas con la antelación suficiente». Y añade otro detalle muy importante para el caso del miembro del tribunal al que, además de acusársele de prevaricación y revelación, se le atribuye un delito de cohecho. La fiscal considera que esta última acción delictiva está directamente ligada a las dos anteriores, ya que el encausado fue invitado a una feria en Madrid por el responsable de ventas de una empresa de ropa policial que era contratista habitual del Ayuntamiento y cuyo hijo se pudo beneficiar de la filtración del examen. La consecuencia de esto es que el caso podría juzgarse por un «Tribunal del Jurado», algo que los imputados están tratando de evitar con sus recursos. La fiscal recuerda que «cuando existieren dudas acerca de cuál es el objetivo principal perseguido por el autor de los hechos objeto de las actuaciones y uno de ellos, al menos, constituya delito de los atribuidos al Tribunal del Jurado, la competencia se determinará de acuerdo con lo que corresponda al delito más gravemente penado de entre los imputados».

Llaman al juez «inquisidor»

Otro de los asuntos que resuelve de manera contundente Ana María Linares es la queja por parte de un grupo de imputados que denuncia «falta de pruebas» para su procesamiento, entre ellos el superintendente. La fiscal asegura que la resolución judicial que recurren estos agentes «se sustenta con total exhaustividad y objetividad en el resultado de las diligencias de investigación practicadas». Para Linares, existen pruebas suficientes de que la plantilla de corrección del examen tipo test y la del caso práctico se filtraron días antes por parte del superintendente y de los otros policías que componían el tribunal a un total de 35 agentes entre las dos oposiciones. Por esta razón, la fiscal también reprocha a varios agentes beneficiados por dicha filtración sus «faltas de cortesía procesal y graves imputaciones de falta de objetividad dirigidas en ocasiones hacia el juez instructor». Incluso hace especial mención de un escrito en el que los imputados aseguran que los hechos que se les atribuyen son «suposiciones preordenadas de forma interesada con un evidente móvil espúreo (sic) o de causa general sobre la totalidad de la vida y la hacienda de determinadas personas, incluso contra aquéllas contra las que no exsistía indicio de criminalidad alguna, al modo y estilo de las viejas inquisiciones».

Por último, los agentes alegan que la información del examen se puede conseguir a través de «Wikipedia» y que, por tanto, no hubo filtración, una cuestión que la fiscal contesta asegurando que «tan exótico aserto a estas alturas resulta contradictorio con las propias bases de las convocatorias obrantes en autos». Y vuelve a recordar que los imputados cometieron incluso las mismas erratas en «la copia de sus respuestas», algo que no puede explicarse con el argumento que han ofrecido de que «todos suelen prepararse en las mismas academias».

Por eso insta a no dilatar más el procedimiento y no tiene reparos incluso en reprochar su actitud al Ayuntamiento, al que ya también se dirigió el instructor para indicarle que no puede disolver el grupo policial de asuntos internos que investigó este amaño sin antes solicitar su permiso.