Cádiz
Cádiz, la capital de provincia donde la justicia no tiene su espacio
El desalojo forzoso de San José ha evidenciado una deficiencia que ya existía: los juzgados no tienen hueco ni alternativa de urgencia en la ciudad
Hay hechos que son incontestables. Ante los que no caben más explicaciones que las que las propias circunstancias ya están dando. Hace ahora diez días una orden tajante de la Inspección de Trabajo obligaba a la Consejería de Justicia a tomar una decisión fulminante. Ya no había otra alternativa porque, sencillamente, no podía haberla. Los juzgados de San José, los que estaban alojados en el edificio Balbo de la capital gaditana, tenían que salir 'ya' de ahí.
La denuncia del sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) al órgano inspector sobre el mal estado de este inmueble, aquejado de humedades y demás daños desde hace décadas, ha tenido su efecto en esta ocasión y en solo unas horas se decidía y comenzaba el desalojo.
Pero entonces se planteaba una duda evidente. ¿Dónde se trasladaban tanto las sedes judiciales como todos sus trabajadores? , y, ¿dónde se iban a celebrar esas vistas y tomas de declaraciones?, ¿y los forenses que allí hacen sus evaluaciones para los informes penales?, ¿y los expedientes que allí consultan abogados y demás partes implicadas para llevar sus procedimientos?, ¿y el decanato y las notificaciones?, ¿ y los repartos?, ¿y los calabozos?, ¿y los ciudadanos? Y así en tan solo unas horas se hacía efectivo un temor más que anunciado. Cádiz, ciudad y capital de provincia, se quedaba con parte de sus juzgados tirados en la calle.
Desde entonces se les busca sitio. Algunos han sido recolocados. Como el juzgado de guardia (imprescindible) y sus preceptivos calabozos, o los servicios comunes, que se encargan de gestiones procesales también prioritarias. A ambos se les ha hecho hueco en el estadio Carranza. Pero los cuatro de instrucción y los cuatro de instancia que también estaban en San José han tenido que suspender las vistas que tenían señaladas, al menos, hasta este próximo lunes. Así lo decidían los propios jueces que, ante el cariz de la situación, se reunían de urgencia para ver qué medida tomar y veían que nos les quedaba ya otro remedio.
«Intentamos dar seguridad jurídica a los profesionales y a los ciudadanos que no saben qué pasa con sus juicios», explica el juez decano de Cádiz, Antonio Rodríguez. «Además no se contaba con los medios técnicos necesarios para cambiar las vistas a otras sedes. No era posible contactar con las partes y testigos, ni tampoco se contaba con ordenadores para tramitar los cambios en los distintos expedientes vía teletrabajo», expone.
«En definitiva ante las dificultades técnicas hemos entendido que debía primar la seguridad. La suspensión se hace exclusivamente por el plazo de cierren que notificó la Junta».
Una suspensión forzosa por tanto que ya afecta directamente al ciudadano. A toda aquella persona que tuviera pendiente algún asunto en alguno de estos juzgados. A los que vendrán después, por el tapón que esto formará. Y también, a todas las instrucciones y diligencias que se tienen que ver ante un juez y que implican directamente la presencialidad, como es el caso de las tomas de declaración. Por tanto, todos estos asuntos también han quedado paralizados.
«No se han hecho los deberes»
El decano del Colegio de Procuradores de Cádiz, Óscar Alonso, define la situación que los operadores judiciales están viviendo como «caótica». «Se debe de presionar a la Junta de Andalucía para que busque unas ubicaciones en condiciones. Hay ya mucho malestar de todo el sector jurídico gaditano», lamenta. «Sabemos que esta ha sido una situación sobrevenida para la delegación actual pero tampoco es algo nuevo. Ese edificio se cae hace años y lo saben, y no reúne las condiciones óptimas para cualquier trabajo y menos el judicial. No se han hecho los deberes a tiempo con la Ciudad de la Justicia o con cualquier otro emplazamiento y ahora esto es lo que pasa», entiende.
En la misma línea se pronuncia el decano del Colegio de Graduados Sociales, José Blas Fernández. «Los políticos nunca han mejorado la justicia porque no da votos, pero todos tenemos derecho a poder utilizarla en condiciones porque es un servicio fundamental», denuncia.
En su opinión, uno de los inconvenientes principales de que se produzcan estas deficiencias en el servicio, y en sus infraestructuras, deriva en la contradicción de que sean varias fuerzas las que manden sobre una misma materia. «El juez es el que antiguamente daba órdenes en su juzgado, no solo para poner el criterio como ahora, sino también en cuestiones de organización y de las sedes. Sabía cuáles eran esas necesidades. Pero ahora los juzgados dependen de tres fuerzas distintas. El juez, que depende del Consejo General del Poder Judicial, el letrado de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales), que dependen del Ministerio de Justicia, y por otro lado, la Junta de Andalucía, que es quien se encarga de poner las sedes, y los medios humanos y materiales. «Y así cada uno va por su sitio, con lo cual es un desastre, porque los funcionarios cambian de juzgados y no se enteran ni los jueces. No hay un director de orquesta que mande para todos, cada uno va por libre y al final es un galimatías».
Y la situación que se vive ahora sin sitio para los juzgados de San José es para el decano de graduados además de algo que se veía venir, un hecho que evidencia la carencia que hay. «Existe un malestar muy grande porque es algo a lo que habría que haber puesto solución antes porque se sabía. Pero no da votos y no se ha querido poner dinero para hacer una Ciudad de la Justicia en condiciones», afirma. «En Tolosa Latour no se quiso y fue una oportunidad perdida. Y no nos veríamos como nos vemos ahora... tenía hasta para hacer aparcamiento subterráneo», lamenta. «Ha habido una mala organización porque podrían haber sido sitios estupendos como donde estaba la Gobernación Civil, pero en todo este tiempo no se han puesto de acuerdo las administraciones».
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Sevilla, Córdoba, Málaga... y en Cádiz, no
Y así, a diferencia de otras capitales de provincia como Málaga, Sevilla o Córdoba que tienen lustrosos y modernos emplazamientos para sus juzgados, Cádiz carece de un espacio único y totalmente adaptado dedicado a sus juzgados. «En Málaga ya se ha quedado chica. Ya están cogiendo otras zonas. Córdoba es un ejemplo con un gran espacio a las afueras para poder circular y aparcar sin problema. Y Sevilla, también ha progresado, pero en Cádiz, de momento, no hay nada», prosigue el decano.
«Hay que empezar con carácter urgente las obras de la Ciudad de la Justicia y hay que buscar locales de forma urgente porque así no podemos estar dando tumbos. Si fuera un tema de Carnaval ya estaría la gente protestando pero esto no da votos. Sin embargo, es un derecho fundamental y cuando necesitas la justicia y la quieres ahí tiene que estar».
Juicios de lo social para 2026 y de asuntos mercantiles para 2025
Además de la falta de infraestructuras, otra cuestión que ralentiza el servicio de la justicia en la provincia de Cádiz es la pendencia o los retrasos de causas que acumulan algunos de sus juzgados. Entre los más afectados por esta acumulación son los procedimientos de lo Social y de lo Mercantil donde, según fuentes consultadas, se están señalando ya dichas vistas para 2026 y 2025, respectivamente.
En cuanto a la sobrecarga de los juzgados de lo Social ésta se está viendo claramente afectada por la crisis que se desató tras la pandemia y, posteriormente, con los efectos de la inflación. Solo en Cádiz en el año 2021 se registraron 1.101 asuntos en este área. Esta acumulación ha provocado que las dilaciones sean ya una constante y que incluso se llegue a señalar vistas por despidos de una empresa que ya no existe o querer señalar juicios sobre reclamaciones de invalidez sobre personas que ya habían fallecido.
La situación se repite en lo Mercantil a pesar de que hubo un refuerzo con un segundo juzgado. La quiebra de empresas o procesos concursales se eternizan con todos los problemas que ello conlleva.
