Mudanza y medidas de urgencia para buscarle sitio a los juzgados en Cádiz: «Esto es caótico»

De momento, tal y como ha informado la Junta de Andalucía, los primeros en ubicarse han sido el juzgado de guardia, que ya se ha trasladado a los bajos del estadio Carranza, además de los Servicios Comunes que son los que se encargan de las notificaciones y otros asuntos relativos a gestiones procesales que también se dispondrá en esta sede de manera temporal. «El resto se está trabajando desde el jueves con las autoridades judiciales para buscar ubicaciones en los próximos días», afirman desde la administración autonómica.

Otra de las sedes que se barajan pero de forma excepcional es una dependencia en la Audiencia Provincial de la Cuesta de las Calesas, donde hay disponible un espacio para celebrar juicios que sean de de celebración inexcusable. Pero mientras, se están suspendiendo y aplazando otras vistas y toma de declaraciones porque, literalmente, no hay sitio donde celebrarlas.

Así, y como advierten algunas fuentes consultadas, la situación es «muy complicada» ya que en San José también se ubican los cuatro juzgados de instrucción, los cuatro de primera instancia, la oficina del Decanato -que se encarga también de gestiones inaplazables como recepciones de notificaciones o repartos, entre otras cuestiones- y algunas de las dependencias del Instituto de Medicina Legal, donde los forenses hacen por ejemplo reconocimientos médico-penales. Además de un lugar de consulta de cientos de expedientes y documentación de trámite y procedimientos, necesarios para abogados y procuradores. Y también el punto de información sobre mediación.

En cuanto a la opción del teletrabajo para los funcionarios que la Junta ha asegurado que pondrá medios para ello, desde los sindicatos se advierte de que no todo está digitalizado y que como ocurre por ejemplo en los juzgados de instrucción algunas actuaciones tienen que ser presenciales, por lo que dudan de que dicho teletrabajo pueda ser en todos los casos viable.

De momento, se ha hablado de una situación que sería provisional, pero está sujeta al informe que sobre el edificio de Los Balbos haga la Inspección de Trabajo tras la última denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) por el «lamentable» estado del inmueble con bajos apuntalados y problemas de salubridad.

Y así lo confirmaba la administración autonómica que explicaba este jueves en un comunicado la causa del desalojo: «La estructura del edificio se ha visto dañada por los continuos baldeos de agua provenientes de los puestos del mercado que durante años ocuparon la galería comercial», manifestaba la Junta.

Ante esta situación y «por seguridad de los trabajadores», la Inspección solicitó la desocupación del edificio mientras se ha encargado un estudio de afección, en colaboración con la Universidad de Cádiz, para conocer el estado real del inmueble. Dicho informe técnico se prevé que pueda estar listo en unos diez días y de él dependerá si es viable y seguro el regreso de los órganos judiciales, sus empleados y los ciudadanos al inmueble o no, por lo que el realojo no está asegurado ni tampoco sus plazos.

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«Esto es un caos», lamenta el decano de los procuradores Óscar Alonso quien además traslada su «malestar y descontento» porque no se les haya informado debidamente. «Que no se haya tenido en cuenta al operador jurídico que por excelencia más está en las sedes judiciales y tiene que informar de ellos nos parece inconcebible», afirma. «Entendemos que haya sido una situación sobrevenida para la delegación pero no es algo nuevo, ese edificio se cae hace años y lo saben, y no reúne las condiciones óptimas para cualquier trabajo y menos el judicial. No se han hecho los deberes a tiempo con la Ciudad de la Justicia o con cualquier otro emplazamiento y ahora esto es lo que pasa», entiende.

Según Alonso, las próximas semanas serán «muy complicadas». «Hay compañeros que no saben ni donde tienen que ir a celebrar o tan siquiera si celebran vista o no», «es inaudito». Además de imprevisible. «Si el informe dictamina que no se puede volver a San José y no hay Ciudad de la Justicia y no lo habrá hasta dentro de muchos años, ¿qué se va hacer?».

Por su parte desde el Colegio de Abogados se emitió un comunicado en el que mostraban su «preocupación» por el cierre de los juzgados y «por las graves consecuencias que va a ocasionar en la tramitación de los procedimientos judiciales, ante la más que previsible suspensión de las actuaciones judiciales (juicios, comparecencias, declaraciones, etc.) durante los días que permanezca cerrado, circunstancia agravada por la falta de planificación previa de posibles soluciones como consecuencia de la inmediatez de la medida, lamentando que se haya tenido que llegar a esta situación por la deficiente situación de la sede judicial», lamentaban.

Además, el decano del Colegio, Pascual Valiente, se queja por la «incertidumbre que esta medida ocasiona en los profesionales y en los propios ciudadanos, que a estas alturas desconocen si los juicios señalados se van a poder celebrar y en qué lugar, puesto que la infraestructura judicial de la ciudad de Cádiz no tiene capacidad para absorber los señalamientos de los juzgados que van a cerrar, tanto de primera instancia como de instrucción».

Además, desde el Colegio alertan del riesgo de paralización de la actividad judicial durante estos días, dado que la reciente experiencia vivida durante la pandemia ha demostrado que «la Administración de Justicia no estaba preparada para teletrabajar, por la falta de medios para la conexión remota de los funcionarios, que ni siquiera van a poder informar a los profesionales porque no hay previsión de mantenimiento de las líneas telefónicas».

Finalmente, Pascual Valiente lamenta que se haya llegado a esta situación tras años de retraso de la Ciudad de la Justicia, reclamando de las administraciones implicadas que «se dé un impulso definitivo para acelerar el proyecto, recordando la necesidad de que albergue todas las sedes judiciales, incluyendo la Audiencia Provincial y la Fiscalía, puesto que la unificación es requisito imprescindible, para evitar que estas situaciones puedan repetirse en el futuro».