Flujo ilegal imparable

De igual forma que antes fueron las pateras de Marruecos, los cayucos procedentes de Mauritania o Senegal vuelven a poner en evidencia la total falta de previsión de las autoridades españolas ante un fenómeno que ya ha pasado a formar parte de las primeras preocupaciones de los ciudadanos españoles. Y, lamentablemente, una vez más, desde el Gobierno se vuelve a responder a las avalanchas de los dos últimos fines de semana en las costas de Canarias con medidas que tendrán mucha más repercusión mediática que efectividad real.

La llegada semanal de un millar de ilegales a los puertos de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y Fuerteventura, de continuar con la bonanza de la climatología, se va a convertir en una carga insoportable para las fuerzas policiales, organizaciones asistenciales y autoridades; en definitiva, para todos aquellos implicados en el control marítimo, auxilio a los rescatados y gestión de sus repatriaciones. El mejor -o peor, según se mire- síntoma de esto es que ya han comenzado a aflorar los primeros reproches entre los Gobiernos autonómico y central, lo cual configura un pésimo escenario para ajustar la imprescindible cooperación que requiere una situación como ésta.

De la reunión de urgencia celebrada ayer en Moncloa por la vicepresidenta Fernández de la Vega con el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha salido un mensaje de tranquilidad cargado de voluntarismo, y poco más. A la vista está que el Plan de Inmigración para Canarias pactado el año pasado por el titular de Asuntos Sociales con el Ejecutivo de esa Comunidad se ha desbordado y que diez diplomáticos enviados a toda prisa a África y un satélite para intentar controlar los barcos nodriza desde los que se cree que ahora lanzan las mafias los cayucos cargados de ilegales, no van a frenar un fenómeno de las características que ha alcanzado ya la inmigración ilegal en nuestro país.

Gestionar los efectos del que posiblemente sea el mayor problema social al que se enfrenta Europa en este siglo no es tarea fácil, pero la complejidad del reto no justifica la falta de decisión del Gobierno y, en algunos casos, de firmeza. Una firmeza -compatible con la ayuda- que debe expresarse a las autoridades de los países emisores de inmigrantes pero también a una UE incapaz de fijar una política común de inmigración. De los problemas inicialmente complejos se suele pasar a medio plazo a las situaciones insostenibles. Y en Europa no es la primera vez que se producen flujos migratorios como el actual. Quizás habría que fijarse más detenidamente en cómo se gestionaron en épocas pasadas problemas similares -que no iguales- y confiar menos en el control espacial de las aguas internacionales.