El «alto el fuego permanente» llega tras una merma paulatina de la actividad de ETA

El anuncio de "alto el fuego permanente" por parte de ETA se produce tras unos años de paulatina merma de su capacidad operativa debido a la presión policial en España y Francia, así como de un estrechamiento del cerco judicial al denominado entorno político, social y financiero de la banda. El último gran golpe policial asestado a la banda fue la detención el 3 de octubre de 2004 en Francia de su máximo jefe político desde la captura de la cúpula de Bidart en 1992, Mikel Albisu, alias "Mikel Antza", y de Soledad Iparragirre "Anboto", durante años dirigente de los "comandos" etarras y encargada, en el momento de su arresto, del aparato de extorsión.

Diez meses antes, había caído también en Francia el entonces jefe de los "comandos" terroristas Ibon Fernández de Iradi, alias "Susper", al que la Policía intervino documentación cuyo análisis ha supuesto un centenar de detenciones en los años sucesivos. En cuanto a las causas judiciales abiertas contra el entorno de ETA, la más importante de ellas es el sumario 35/02, que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 y en el que se investiga la subordinación de Batasuna a ETA y la supuesta financiación de la banda terrorista a través de las "herriko tabernas" controladas por la formación ilegalizada. Entre los 41 procesados en esta causa figuran los huidos José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera", y Jon Salaberria, así como los dirigentes abertzales Arnaldo Otegi, Joseba Alvarez y Joseba Permach.

Se estrecha el cerco judicial

En el marco de este sumario, que está a punto de ser concluido, el juez Fernando Grande-Marlaska prorrogó el pasado 17 de enero por dos años la suspensión de actividades de Batasuna y la clausura de sus sedes. El secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, declaró como imputado en esta causa, aunque las diligencias relativas a él se desglosaron y se incorporaron a la investigación abierta en este mismo Juzgado a los responsables del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV). En las últimas semanas, y también en el sumario 35/02, el magistrado ha citado a declarar a varios dirigentes de Batasuna en relación con los incidentes violentos ocurridos durante la jornada de huelga convocada el pasado día 9 en el País Vasco y Navarra con motivo de la muerte de dos presos etarras.

Dos de ellos, Juan María Olano y Juan José Petrikorena, han ingresado en prisión incondicional, mientras que otros dos, Díez Usabiaga y Pernando Barrena, quedaron en libertad bajo fianza. El juez, que esta tarde interrogará por los mismos hechos a Joseba Alvarez, también tiene previsto tomar declaración a Otegi, aunque su comparecencia -fijada inicialmente para el pasado día 13- se suspendió debido a la enfermedad de éste.

Por otra parte, en las diligencias previas 203/05, referidas al EHAK-PCTV, Grande-Marlaska ha imputado a 15 personas por integración o colaboración con organización terrorista. La causa, en la que se investiga si este partido se constituyó en sucesor de la ilegalizada Batasuna, se abrió a raíz de una querella presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). En el juzgado de Grande-Marlaska se siguen también los sumarios 33/01 y 6/03, referidos a Gestoras pro Amnistía y a la Asamblea de Electos vascos o Udalbiltza, respectivamente. En el primero, ya concluido y pendiente de juicio, el fiscal pedirá 10 años de prisión por un delito de pertenencia a ETA para los 27 procesados, entre quienes figuran Olano, Julen Zelarain y Aitor Angel Junco.

Otros 21 miembros de la izquierda abertzale, incluidos Xabier Alegría, Miriam Campos y Mikel Garmendia, están procesados por pertenencia a ETA y allegamiento de fondos a banda terrorista en el sumario de Udalbiltza. En la causa, que como todas las anteriores comenzó a ser instruida por el juez Baltasar Garzón, la Fiscalía sostiene que con la creación de Udalbiltza ETA pretendía hacerse con una estructura que a través de plataformas municipales asegurara su presencia en las instituciones después de la ilegalización de Batasuna. Sólo uno de los procesados en este sumario, Ibon Arbulu, permanece en prisión provisional.

Otro Juzgado, el Central de Instrucción número 6, cuyo titular es Juan del Olmo, instruye el sumario 44/04, en el que se decretó la clausura del diario Egunkaria por su supuesta relación con ETA. Del Olmo procesó en esta causa a Alegría y a seis directivos de la publicación, entre ellos su director, Martxelo Otamendi. Por último, la Audiencia Nacional juzga desde el pasado mes de noviembre a 55 presuntos miembros de otras organizaciones del entorno de ETA como KAS, EKIN, XAKI o la Fundación Joxemi Zumalabe, impulsora del llamado "proyecto de desobediencia civil". Entre los acusados vuelve a estar Xabier Alegría, que se enfrenta a una petición de pena de 51 años de prisión por diversos delitos, entre ellos el de pertenencia a ETA.